violencia contra menores en Durango no para

Una epidemia silenciosa y devastadora se está cobrando la inocencia de la niñez duranguense. Lejos de los espacios públicos, en la intimidad de los hogares y la cotidianidad de las escuelas, la violencia contra los menores crece a un ritmo alarmante, pintando un panorama sombrío donde los lugares que deberían ser los más seguros se han convertido en los principales escenarios de agresión.

Las cifras oficiales confirman esta cruda realidad. De enero a agosto de 2025, se han reportado 649 casos de violencia contra menores en el estado de Durango, según informó Guadalupe Soto, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta estadística es estremecedora, ya que se acerca peligrosamente a las 800 agresiones registradas en todo el año 2024, lo que indica una tendencia ascendente y preocupante.

El hogar, el espacio que por excelencia debería ser un refugio, es señalado como el principal lugar donde ocurren estos actos. Le siguen las escuelas, el segundo entorno donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo. Los tipos de violencia son diversos, pero destacan por su frecuencia la omisión de cuidados y el maltrato físico y psicológico, formas de agresión que dejan cicatrices profundas e invisibles.

Ante esta crisis, las autoridades han hecho un llamado enérgico a la sociedad para romper el silencio y denunciar cualquier acto de violencia del que sean testigos. Se recalca que, a pesar de las intervenciones y campañas implementadas, los casos no cesan, lo que exige una corresponsabilidad comunitaria. Paralelamente, se insta a los padres de familia a establecer una comunicación más cercana y constante con sus hijos, como la primera línea de defensa para prevenir el abuso.

Sin embargo, la respuesta institucional no está exenta de controversia. Casos como el de Imelda Quintero, quien denuncia que su hija menor fue retirada de su custodia sin pruebas concluyentes y sin permitirle presentar evidencia a su favor, generan preocupación sobre los procedimientos de protección infantil. Estas situaciones plantean un dilema complejo entre la urgencia de salvaguardar a un niño y la garantía de los derechos de las familias, mostrando que el camino para erradicar esta violencia está lleno de desafíos por resolver.