Durango enfrenta una crisis de violencia contra las mujeres que no muestra signos de disminución. Durante los primeros tres meses de 2024 se registraron 2,347 denuncias por violencia familiar, mientras que 16 municipios** continúan bajo Alerta de Violencia de Género (AVGM) desde 2018, sin que se hayan implementado soluciones efectivas. A esto se suma que el 98% de los delitos sexuales no se denuncian, ya sea por miedo, desconfianza en las autoridades o falta de acceso a la justicia. Además, el Programa Integral Contra la Violencia de Género (2023-2024) solo ejerció el 12% de su presupuesto, lo que refleja graves fallas en la aplicación de recursos para proteger a las mujeres.
El gobierno estatal ha puesto en marcha algunas estrategias, como los Puntos Violeta, que ofrecen atención multidisciplinaria en los 16 municipios con AVGM, y el plan Ni Una Más Durango, presentado en febrero de 2025, que propone 32 acciones pendientes, entre ellas la creación de juzgados especializados y el seguimiento a órdenes de protección. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes, pues ninguna de las 33 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha sido cumplida en su totalidad. A esto se suma que el Banco Estatal de Datos sobre Violencia de Género lleva meses sin actualizarse, lo que dificulta el diseño de políticas públicas basadas en información real.
Uno de los problemas más graves es la falta de infraestructura para atender a las víctimas. En 2024 se registraron 14 feminicidios, y actualmente, tres de cada diez municipios carecen de refugios para mujeres en situación de riesgo. Esta falta de protección agrava la vulnerabilidad de quienes deciden denunciar, pues muchas veces no cuentan con un lugar seguro al que acudir. Además, la coordinación entre instituciones es deficiente, lo que retrasa los procesos judiciales y deja en la impunidad numerosos casos de agresión.
Ante este panorama, organizaciones civiles y especialistas exigen que el gobierno estatal ejecute de manera transparente el presupuesto destinado a combatir la violencia de género, cumpla con las recomendaciones de la AVGM y fortalezca la coordinación entre fiscalías, centros de atención y órdenes de gobierno. Mientras no se garantice justicia oportuna y protección real para las mujeres, Durango seguirá sumando cifras rojas en un problema que, lejos de resolverse, parece agravarse con el paso del tiempo. La urgencia de actuar es clara: cada día de inacción significa más vidas en riesgo y más familias afectadas por una violencia que no da tregua.