Violencia política de género: una barrera para la participación femenina

En Durango, la violencia política en razón de género sigue siendo un desafío silencioso que frena la participación plena de las mujeres en la vida pública. Aunque se han impulsado reformas y mecanismos para prevenirla, los casos recientes muestran que aún persiste una resistencia cultural y estructural que impacta directamente en la democracia local.

A nivel nacional, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género (RNPSMVPG) contabiliza hasta 2025 más de 470 personas sancionadas, entre ellas al menos un caso de Durango. Este registro, administrado por el INE, busca visibilizar y sancionar conductas como la obstaculización de funciones, violencia simbólica, psicológica o económica contra mujeres en cargos de decisión.

En el ámbito estatal, el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) ha resuelto diversos procedimientos en los últimos años. En 2024, la síndico municipal de Mapimí denunció al presidente municipal por obstaculizar su labor, ejercer violencia psicológica y económica, y excluirla de convocatorias. El TEED acreditó la violencia política en razón de género e impuso sanciones, incluyendo medidas de reparación y la inscripción de los responsables en el registro de sancionados.

Ese mismo año, Durango registró al menos cinco denuncias formales de violencia política de género, la mayoría contra servidores públicos que menospreciaron o limitaron la labor de funcionarias. En 2023, también se presentaron procedimientos, aunque algunos concluyeron en la inexistencia de la infracción o fueron remitidos a instancias superiores, lo que evidencia la complejidad para acreditar plenamente estos casos.

Las sanciones impuestas en Durango varían: desde amonestaciones públicas, medidas de protección a las víctimas, hasta la inscripción de agresores en el registro estatal y nacional, lo cual inhabilita temporalmente a la persona sancionada para ocupar cargos públicos o de elección popular.

Aunque se reconoce un avance en la identificación y sanción de la violencia política en razón de género, la realidad muestra que muchas mujeres aún enfrentan obstáculos para ejercer sus cargos sin presiones ni agresiones. En un estado donde la participación femenina en la política va en aumento, garantizar entornos libres de violencia no solo es una obligación legal, sino un paso indispensable hacia una democracia más justa e incluyente.