Viviendas de menor valor podrían ser las más afectadas con Ley Catastral
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Viviendas de menor valor podrían ser las más afectadas con Ley Catastral

Por: Andrea Terán López de Nava
Durango
Fecha: 15-10-2026

La iniciativa de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral podría generar incrementos significativos en el valor catastral de viviendas y terrenos en Durango, lo que impactaría directamente en el pago del impuesto predial, advirtió el regidor Ignacio Orrante, al respaldar la postura del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Mario Salazar, quien señaló que Morena busca centralizar las decisiones sobre el valor de las propiedades desde la Ciudad de México.

El regidor sostuvo que esta propuesta no representa una modernización de los procesos catastrales, sino una medida centralista que limitaría la capacidad de los municipios para tomar decisiones de acuerdo con las condiciones económicas y sociales de cada localidad.

Señalan intromisión en la autonomía municipal

Orrante explicó que la iniciativa otorgaría mayores facultades a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para establecer trámites y requisitos que deberán cumplir las autoridades locales.

Afirmó que estas disposiciones podrían vulnerar la autonomía municipal garantizada por la Constitución y defendió que las decisiones sobre los valores catastrales deben tomarse con conocimiento de la realidad que enfrenta cada colonia.

Indicó que, mientras en Durango las autoridades conocen las características de las viviendas, los terrenos y las condiciones económicas de sus habitantes, la propuesta plantea establecer un modelo único e inflexible desde el Gobierno Federal.

Además, señaló que el régimen transitorio de la ley contempla que no se destinen recursos presupuestales adicionales para los municipios, pese a que la Federación pretende que adopten las plataformas tecnológicas impulsadas por el Gobierno Federal.

Advierten impacto en viviendas de menor valor

Para explicar las posibles consecuencias de la iniciativa, el regidor expuso que en el municipio de Durango existen alrededor de 320 mil claves catastrales, de las cuales aproximadamente el 50 por ciento corresponde a terrenos y viviendas con valores que van de cero a 250 mil pesos.

De acuerdo con el ejemplo planteado por el edil, mediante la aplicación de los nuevos criterios, propiedades ubicadas en ese rango podrían pasar a una clasificación de hasta un millón 200 mil pesos.


Explicó que una vivienda cuyo valor catastral actualmente se encuentra en 250 mil pesos podría ser considerada dentro de un rango de hasta un millón 200 mil pesos, lo que, según su planteamiento, representaría un incremento de hasta 500 por ciento en el pago del predial, dependiendo de la aplicación de los nuevos valores y las disposiciones correspondientes.

Orrante consideró que este escenario sería delicado para las familias, particularmente para aquellas que cuentan con viviendas de menor valor económico, por lo que insistió en la necesidad de revisar los alcances de la propuesta antes de implementar cambios que repercutan en la economía de los ciudadanos.

Aseguran que no aumentará el predial en 2027

El regidor también buscó dejar en claro que, independientemente de la discusión sobre la legislación federal, el municipio de Durango no incrementará el monto del impuesto predial durante 2027.

Reiteró que esta decisión debe precisarse ante la ciudadanía, al señalar que no habrá un aumento al predial municipal el próximo año como consecuencia de la propuesta que atribuyó a Morena.

Finalmente, durante su intervención, se refirió a la actualización de los valores de viviendas, terrenos y propiedades, y cuestionó cómo se llevaría a cabo este proceso bajo el esquema planteado por la Federación.

En ese sentido, insistió en que las autoridades municipales deben conservar la capacidad de actualizar los valores catastrales conforme a las condiciones locales, sin que las decisiones se impongan desde el ámbito federal. Su postura se centró en advertir sobre las posibles repercusiones económicas de la iniciativa y defender la autonomía de los municipios para determinar los criterios aplicables a sus propiedades.


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