Ya es obligatoria la Ley Silla en centros de trabajo
Desde este martes 17 de junio, entró en vigor la llamada "Ley Silla", una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a las empresas a garantizar que sus empleados tengan acceso a una silla con respaldo, especialmente en actividades que implican estar de pie durante largas jornadas.
El objetivo es prevenir afectaciones físicas a quienes laboran en cajas, mostradores, tiendas de autoservicio y otras áreas similares. El incumplimiento puede generar sanciones económicas que van desde los 27 mil hasta los 200 mil pesos por cada trabajador afectado.
Mauricio Holguín, presidente del Consejo Empresarial Mexicano, señaló que el sector empresarial en Durango ya comenzó a implementar la medida. "Estamos conscientes de la importancia de cuidar la salud de los trabajadores. En general, las empresas han respondido positivamente y ya están cumpliendo con lo establecido", declaró.
Aunque reconoció que la reforma no implica una inversión elevada para la mayoría de los negocios, sí subrayó que las multas previstas en la ley son altas y representan un riesgo financiero para quienes no se adecuen a tiempo.
La nueva disposición forma parte de una serie de reformas laborales enfocadas en mejorar las condiciones de trabajo en sectores donde, históricamente, se han normalizado posturas prolongadas sin pausas ni elementos de descanso. La Secretaría del Trabajo será la encargada de verificar el cumplimiento.
Holguín también indicó que algunas pequeñas y medianas empresas han buscado orientación para saber qué tipo de silla es adecuada y cómo hacer las adaptaciones sin afectar la operación. "No se trata de sentar a todos los empleados, sino de permitirles alternar entre estar de pie y sentados, dependiendo de sus funciones", explicó.
La reforma no sólo considera al sector privado. También aplica en oficinas gubernamentales y espacios públicos donde existan funciones con trabajo estacionario prolongado.
Durango se suma así a la lista de entidades donde la aplicación ya es visible. La vigilancia y cumplimiento quedarán en manos de las autoridades laborales, pero el enfoque, de momento, está en la adaptación, no en la sanción inmediata.
