2 Millones trabajan sin derechos laborales
Las políticas públicas que buscan combatir el empleo y comercio informal en Jalisco fracasan. A pesar de los programas anunciados y las estrategias promovidas por distintos niveles de gobierno, el número de personas en esta situación crece y ocupa cada vez más espacio en calles, plazas y cruceros del estado.
Aunque Jalisco se posiciona como una de las entidades con mayor generación de empleo formal en el país, el crecimiento de la informalidad es uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y social. Coparmex Jalisco destaca la urgencia de transitar hacia una mayor formalización del empleo. Actualmente más de dos millones de personas trabajan en el sector formal de Jalisco, lo que representa uno de cada diez empleos en todo México. Tan solo entre enero y diciembre de 2024 se generaron 58 mil 536 empleos formales, cifra que coloca al estado como la cuarta entidad con mayor crecimiento en este rubro. Sin embargo, dicho avance es menor al de años anteriores, lo que se atribuye a una combinación de factores: la desaceleración natural tras la recuperación pospandemia, el entorno nacional desfavorable y la incertidumbre política y jurídica.
En contraste, el fenómeno de la informalidad laboral persiste de manera preocupante. El 47.6 % de la población ocupada en Jalisco trabaja en condiciones informales, es decir, sin acceso a seguridad social, prestaciones de ley ni derechos laborales básicos. Aunque esta tasa es inferior al promedio nacional (que se ubica en 54.6 %), sigue afectando a casi la mitad de los trabajadores en la entidad. A ello se suma que, según Coparmex, el sector informal apenas contribuye con el 2.5 % del Producto Interno Bruto, lo que evidencia su baja productividad y su impacto limitado en el desarrollo económico.
Especialistas reconocen que el tema de la informalidad no sólo radica a aquellas personas que no pagan impuestos, sino también a empresas que no presentan los datos reales al IMSS. Expertos y organismos empresariales insistió en que la informalidad no debe entenderse únicamente como un problema estadístico, sino como una barrera estructural para el crecimiento inclusivo. Se trata de una necesidad de fortalecer políticas públicas y estrategias de colaboración entre empresas, gobiernos y universidades para fomentar la transición hacia el empleo formal.
Aunque en muchos casos los empresarios atribuyen la informalidad a fallas estructurales del Estado, suelen omitir su corresponsabilidad en el fenómeno. La persistencia de salarios bajos y condiciones laborales precarias obliga a miles de personas a emprender por cuenta propia, muchas veces sin cumplir con los requisitos legales o fiscales, perpetuando así la expansión de la economía informal en el estado.
