Arias Madrid niega orden de reprimir marcha; investigan a policías

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Carlos Arias Madrid, negó que existiera una instrucción para agredir a los manifestantes durante el operativo de seguridad del 11 de octubre afuera de Casa Jalisco. Durante su comparecencia ante diputados del Congreso estatal, el Gabinete de Seguridad informó que 84 personas resultaron lesionadas, 39 fueron detenidas y 17 policías quedaron bajo revisión por posibles irregularidades.

Las autoridades estatales rindieron cuentas sobre la actuación de las corporaciones durante la manifestación denominada Marcha por la Calidad del Agua, en la que participaron aproximadamente 9 mil 500 personas para exigir soluciones al problema del suministro de agua potable.

Arias Madrid sostuvo que el Gobierno estatal no ordenó reprimir la movilización. Sin embargo, reconoció que existen investigaciones para esclarecer los señalamientos contra elementos policiales y determinar si incurrieron en abusos o violaciones a los derechos humanos.

El funcionario afirmó que, en caso de acreditarse responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes, sin encubrimientos ni privilegios. "No hubo instrucción del Gobierno del Estado para agredir o lesionar a quienes se manifestaban. La obligación institucional es proteger a las personas y preservar su seguridad, no reprimir opiniones. Esto no significa justificar cualquier conducta individual que hubiese suscitado dentro de las manifestaciones que acontecieron ese 11 de octubre. Existen investigaciones y procedimientos para esclarecer los señalamientos de posibles excesos de algunos elementos policiales. Como lo ha señalado el gobernador, si se acreditan responsabilidades deberán imponerse las sanciones que correspondan conforme a derecho, sin encubrimientos, sin privilegios, pero también sin condenas anticipadas".

 Reportan 84 lesionados y 39 detenidos durante el operativo

Por su parte, Roberto Alarcón Estrada, coordinador del Gabinete de Seguridad, informó que el saldo de la movilización fue de 84 personas lesionadas: 48 civiles, 32 policías y cuatro bomberos. También confirmó que las fuerzas de seguridad estatales detuvieron a 39 personas durante los acontecimientos registrados frente a Casa Jalisco.

El funcionario señaló que la mayoría de los aproximadamente 9 mil 500 asistentes se manifestó de manera pacífica y ejerció su derecho constitucional a la libre expresión. Respecto a la actuación policial, sostuvo que las investigaciones permitirán establecer el grado de participación de cada elemento y determinar si existieron abusos de autoridad. "La actuación de la autoridad, en su mayoría, fue apegada a derecho, y quienes hayan actuado al margen de la ley o incurrido en abuso de funciones o en violación a los derechos humanos serán sancionados una vez que las investigaciones concluyan y se determine el grado de participación de cada uno. De estos hechos resultaron 84 personas lesionadas, 48 fueron civiles, 32 policías y cuatro bomberos. Asimismo se registró la detención de 39 personas por las fuerzas de seguridad estatal".

Alarcón Estrada reiteró que cualquier sanción deberá sustentarse en los resultados de las investigaciones y en las pruebas que acrediten posibles irregularidades.

 Identifican a 17 policías y 237 deberán rendir informes

Durante la comparecencia, el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que 17 elementos fueron identificados para revisión por posibles actuaciones irregulares durante el operativo del 11 de octubre. Además, precisó que los 237 policías que participaron en el despliegue deberán rendir informes ante el área de Asuntos Internos, con el propósito de reconstruir lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades individuales.

El secretario aclaró que la revisión de todos los participantes no significa que exista responsabilidad generalizada entre los elementos policiales. Las determinaciones dependerán de los procedimientos institucionales y de las pruebas recabadas.

Hernández González también indicó que la Secretaría de Seguridad mantiene colaboración con las autoridades competentes y los organismos de protección de derechos humanos para proporcionar información y documentación relacionada con los hechos. "Respecto a las investigaciones derivadas de estos acontecimientos, la Secretaría de Seguridad ha mantenido una absoluta disposición de colaboración con las autoridades competentes y con los organismos de protección de derechos humanos, aportando la información y los elementos documentales que le han sido requeridos. Las actuaciones de los servidores públicos deben esclarecerse mediante los procedimientos institucionales correspondientes".

El funcionario agregó que el operativo incluyó vigilancia del sistema C5, cortes a la circulación y despliegues de distintas corporaciones estatales.

Fiscalía liberó a 32 detenidos y remitió a siete ante un juez

En su intervención, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que la institución recibió a las 39 personas detenidas durante la manifestación: 21 hombres y 18 mujeres. Después de revisar las circunstancias de cada caso, el Ministerio Público determinó liberar a 32 personas con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las siete restantes fueron remitidas ante el juzgado de oralidad para continuar con el procedimiento correspondiente.

El fiscal aseguró que durante la atención a los detenidos se garantizó el debido proceso y el respeto a sus derechos humanos. Detalló que se les facilitaron llamadas telefónicas y se les asignaron defensores de oficio, mientras que tres personas designaron abogados particulares. Además, 23 familias recibieron pases de visita.

González de los Santos agregó que personal de la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de la unidad especializada en investigación de tortura supervisó la atención a las personas detenidas. En estas labores también participó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, como parte de las acciones de vigilancia para prevenir posibles actos de tortura y proteger la integridad de los detenidos.

Las comparecencias de los integrantes del Gabinete de Seguridad se realizaron ante el Congreso de Jalisco para explicar la actuación de las autoridades durante la manifestación del 11 de octubre y exponer los avances de las investigaciones sobre posibles abusos policiales.