Pese al blindaje con el que cuenta el Área Natural Protegida del Bosque de La Primavera, lentamente la presión humana carcome esta área verde. Son diversos los fenómenos que se presentan en los linderos del bosque: desde invasiones hormiga por parte de paracaidistas, explotación de materiales geológicos y desarrollos agrícolas, que van consumiendo poco a poco las hectáreas bajo régimen de protección.
El Bosque de La Primavera fue decretado como Área Natural Protegida el 6 de marzo de 1980, con la protección de 30 mil 500 hectáreas de las 36 mil que conforman el espacio. Zonas de gran fragilidad como El Bajío, el Cerro de El Tepopote o el Cerro de El Tajo -donde se encuentran fraccionamientos como Bugambilias y El Palomar- quedaron fuera del decreto y, por tanto, desprotegidas.
El blindaje, en muchos casos, queda sólo en el papel y carece de vigilancia efectiva. Imágenes satelitales muestran distintos impactos al bosque, que lentamente está siendo carcomido. Entre 2020 y 2025, estas imágenes evidencian los daños.
Hacia el lado de Tala, al poniente, se observa la invasión de campos de cultivo en los bordes del polígono de protección; hacia el sur, entre Tala y Tlajomulco, se identifican afectaciones generadas por bancos de materiales y la extracción de arena. Al oriente, avanza la invasión paulatina de asentamientos humanos irregulares, particularmente hacia la zona sur del Cerro del Colli, así como la presencia de fraccionamientos como Ayamonte.
Según datos cartográficos del OPD Bosque de La Primavera, las invasiones surgidas después del decreto de protección sumarían 60 hectáreas, o 93 si se incluyen las áreas de exclusión cedidas al ejido de Santa Ana Tepetitlán.
En un censo realizado en 2020 se detectaron 595 casas dentro del polígono de protección, de las cuales sólo 229 fueron construidas antes del decreto que prohíbe este tipo de desarrollos y se consideran legítimas, mientras que 366 son irregulares.
Muchos ejidatarios y propietarios solicitan a las autoridades impulsar actividades sustentables que no generen un mayor impacto al Bosque de La Primavera.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que cualquier proyecto con posibilidad de causar daño ambiental debe someterse previamente a una evaluación federal. Este proceso se formaliza mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que describe el proyecto, sus posibles afectaciones y las medidas de mitigación. Sin este documento y su aprobación, no puede autorizarse legalmente la actividad.
Aunque el Gobierno de Jalisco tiene la administración del bosque a través de un Organismo Público Descentralizado (OPD), el control legal recae en la federación. Es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quien emite las autorizaciones, y la vigilancia corresponde principalmente a inspectores federales. El estado participa como coadministrador, no como autoridad soberana en el área protegida.
En todo el estado de Jalisco, Profepa cuenta únicamente con dos inspectores para áreas verdes y dos para el sector industrial. Esta escasez de personal hace inviable la supervisión efectiva de áreas naturales protegidas como el bosque, lo que permite que muchos proyectos operen sin revisión.
Legalmente, se puede construir dentro del área protegida siempre y cuando no se afecten los objetivos establecidos en el plan de manejo. Pero esto deja un margen amplio de interpretación y, sin mecanismos de control adecuados, puede usarse como justificación para proyectos cuestionables, reconocen los expertos.
