Comité de la ONU pide proteger a jueces mexicanos
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha pedido que se suspendan de inmediato las elecciones judiciales programadas para el próximo domingo 1 de junio
Esta petición surge tras la admisión de una queja presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se señalan posibles violaciones a los derechos humanos y a la independencia judicial.
En conjunto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, la JUFED presentó esta queja argumentando que la reforma judicial que impulsa estas elecciones pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial, al someter a voto popular la elección de jueces, magistrados y ministros.
Según la asociación, esta medida representa un cambio profundo que podría afectar la imparcialidad y la independencia, pilares esenciales para el Estado de derecho.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado al gobierno mexicano que adopte medidas para proteger a los magistrados y jueces, evitando cualquier tipo de intimidación o represalia por participar en este proceso internacional
La JUFED advierte que continuar con las elecciones sin tomar en cuenta estas recomendaciones sería una violación a las obligaciones internacionales que México ha asumido.
Estas elecciones judiciales son inéditas en México y han generado mucha controversia. Por primera vez, la ciudadanía votará para elegir 881 cargos federales del Poder Judicial, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito y magistrados de circuito.
Esta reforma, aprobada en septiembre de 2024, también cambia el número de ministros de la Corte y crea un Tribunal de Disciplina Judicial.
El proceso electoral extraordinario se llevará a cabo el 1 de junio, día en que los mexicanos recibirán hasta seis boletas diferentes para elegir a sus representantes judiciales. Sin embargo, la jornada enfrenta desafíos como la falta de información sobre los candidatos, la complejidad de las boletas y la baja certeza de participación, ya que solo el 34% de la población asegura que votará con seguridad.
La JUFED concluye que tanto la comunidad nacional como la internacional están observando de cerca este proceso, que podría tener consecuencias graves para la institucionalidad democrática del país si no se garantiza la independencia judicial y se respetan los derechos humanos