Cuestionan falta de autonomía en la Fiscalía de Jalisco
Uno de los debates centrales en Jalisco es la autonomía con la que debe operar la Fiscalía Estatal. La institución depende del Poder Ejecutivo, lo que genera críticas sobre su independencia e imparcialidad, así como señalamientos por su uso político en lugar de un enfoque técnico en la investigación de delitos. Expertos señalan que sus decisiones dependen, en muchos casos, de relaciones y conveniencias políticas.
Desde el sexenio de Aristóteles Sandoval, distintos grupos políticos impulsan reformas para dotar de autonomía a la Fiscalía y modificar el proceso de designación del fiscal. Sin embargo, estas iniciativas no prosperan debido al interés de varios actores en conservar el control sobre esta instancia.
Cada nuevo gobierno implementa reestructuras en la Fiscalía, pero estas no reflejan mejoras en la capacidad para combatir la criminalidad. En su más reciente informe, la organización México Evalúa indica que en Jalisco la cifra negra alcanza el 96%; es decir, la gran mayoría de los delitos no se denuncian. Entre las principales razones están: la percepción de pérdida de tiempo (32%), causas diversas (17%), desconfianza en la autoridad (14%) y la creencia de que se trata de delitos sin importancia (10%). Sólo el 8.5% de los encuestados expresa confianza en la Fiscalía del Estado o en las instituciones de seguridad de Jalisco. "Y realmente el Poder Judicial y Fiscalía del Estado trae una, pues es un embudo ahí. Se detienen muchos asuntos, va muy lento, hay mucha impunidad. Desde el gobierno de Alfaro se decía que estaban infiltrados por el crimen organizado, pero no se han depurado", expresó el abogado Anuar García.
Los delitos más denunciados en la entidad son robos, lesiones y fraudes, aunque en muchos casos no existe respuesta institucional. Según datos de la propia Fiscalía, sólo en el 76% de las denuncias se inicia una carpeta de investigación. De ese total, sólo en el 4.6% se detiene a algún presunto responsable. A su vez, sólo en el 6% de esos casos existe una resolución legal y apenas el 1% llega a vinculación a proceso.
La capacidad de captura también muestra deficiencias. Sólo el 8% de los detenidos es aprehendido mediante orden judicial. El 25.3% es arrestado en flagrancia y el 62% es citado y después detenido.
La Fiscalía ejerce más de mil 700 millones de pesos cada año, sin que estos recursos se traduzcan en mejoras sostenidas en su operación ni en un impacto significativo en la procuración de justicia.
