Defraudados de AJP denuncian retrasos judiciales y exigen avanzar en 20 carpetas

La Comisión de Defraudados de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) denunció retrasos en las audiencias judiciales relacionadas con el presunto fraude que afectó a mil 319 víctimas, con un monto señalado de mil 889 millones 559 mil pesos. Los afectados solicitaron al Poder Judicial de Jalisco agilizar los procesos penales contra Óscar y Erick Prado, así como avanzar en las investigaciones patrimoniales para recuperar los recursos.

Rosa Isela Becerra Hernández, representante de la comisión, señaló que al menos 20 carpetas de investigación enfrentan dificultades para avanzar debido a que las audiencias se difieren y las nuevas fechas se programan varios meses después.

La representante explicó que los afectados han solicitado la intervención de autoridades judiciales y han participado en mesas de trabajo; sin embargo, aseguró que desde el 15 de abril no reciben respuesta a sus peticiones ni han logrado establecer nuevos encuentros con los funcionarios correspondientes.

"Que nos apoyen porque las audiencias que se han dado se difieren. No se llevan a cabo después de tenernos horas y horas de estar esperando y después resulta con que se difirieron y para darnos la siguiente fecha duran meses".

Becerra Hernández sostuvo que esta situación prolonga los procedimientos y dificulta que las víctimas obtengan avances en sus casos. Por ello, insistió en que el Poder Judicial debe facilitar la continuidad de las audiencias y evitar que los procesos permanezcan detenidos.

 Señalan avances limitados en los procesos contra los investigados

Sobre la situación jurídica de Óscar y Erick Prado, la representante de los afectados indicó que ambos enfrentan procesos en distintas carpetas relacionadas con el caso. Precisó que, según la información con la que cuenta la comisión, Óscar ha sido vinculado a proceso en aproximadamente tres carpetas y Erick en dos.

La representante también hizo referencia a una lista de 15 personas que, de acuerdo con lo señalado por los afectados, cuentan con órdenes de aprehensión y son buscadas por las autoridades. Entre ellas, dijo, hay personas cuya localización ha sido posible mediante el seguimiento que realiza la propia comisión en redes sociales y plataformas digitales.

"Estamos pidiendo a la ciudadanía que nos ayuden a ubicarlos, a localizarlos. Nosotros hemos hecho un trabajo que hemos estado en las redes y en las plataformas, subido la información. Y ya tuvimos resultado de dos de ellos, en los que ya los tenemos bien ubicados. Pero nos falta el resto".

Becerra Hernández aclaró que la localización de estas personas no significa que todas hayan sido detenidas. Como ejemplo, mencionó el caso de Rafael, quien, según su versión, ya se presentó ante las autoridades y solicitó un amparo. Añadió que está pendiente una audiencia para determinar su situación jurídica y las condiciones que establezca el juez.

 Reclaman investigación de inmuebles para recuperar el patrimonio

Otro de los pendientes señalados por la Comisión de Defraudados de AJP es la investigación de los bienes inmuebles que podrían estar relacionados con el caso. La representante afirmó que existen más de 61 propiedades bajo investigación por posibles operaciones mediante prestanombres.

Sin embargo, aseguró que no han observado avances suficientes para determinar cuáles podrían utilizarse para resarcir el daño a las víctimas. De acuerdo con sus datos, tres inmuebles están embargados por instituciones bancarias y otros siete permanecen bajo resguardo de la Fiscalía, mientras continúan las indagatorias.

La representante sostuvo que los propios afectados han identificado alrededor de 34 propiedades que, según afirmó, estarían a nombre de Luis Osvaldo y Gloria Marín, pero que no habrían sido incorporadas a las investigaciones de las autoridades correspondientes.

"Nosotros hemos encontrado un promedio de 34 inmuebles a nombre de Luis Osvaldo y de Gloria Marín. Y resulta que Fiscalía ni Procuraduría los tienen. Entonces, no es posible que nosotros sí tengamos esa información. Y ellos no la pudieron sacar, aun teniendo todas las facilidades que tienen".

La comisión pidió ampliar las investigaciones patrimoniales y esclarecer la situación legal de los inmuebles, con el objetivo de determinar si pueden ser asegurados y, conforme a los procedimientos legales, contribuir a la reparación del daño.

Las víctimas mantienen como principales demandas la agilización de las audiencias, el avance de los procesos penales y la localización de las personas señaladas en el caso, además de una investigación que permita identificar y recuperar bienes vinculados con el presunto fraude.