La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a Leo Ignacio "N" durante un cateo realizado el 9 de octubre en una finca de la colonia Primero de Mayo, en Puerto Vallarta.
La investigación se inició a partir de un reporte internacional sobre el presunto almacenamiento de material de explotación sexual infantil, de acuerdo con la dependencia estatal.
Reporte internacional permitió ubicar el domicilio
El caso comenzó tras una notificación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo que, mediante su sistema CyberTipline, alertó a las autoridades sobre posibles delitos relacionados con este tipo de contenido digital.
La información proporcionada permitió orientar las indagatorias hacia un inmueble de Puerto Vallarta, donde agentes de investigación ejecutaron una orden de cateo con apoyo del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Aseguran dispositivos electrónicos para análisis forense
Durante el operativo, las autoridades aseguraron una tarjeta Micro SD, dos tabletas electrónicas, un teléfono celular iPhone, una computadora portátil y cinco memorias USB. Los indicios quedaron bajo cadena de custodia y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis forense digital e incorporación a la carpeta de investigación.
El objetivo de estas diligencias es examinar la información almacenada en los dispositivos y obtener elementos que permitan esclarecer los hechos e integrar la investigación.
Permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso
La Fiscalía informó que a Leo Ignacio "N" se le formuló imputación por el delito de trata de personas, en la modalidad señalada por la autoridad como almacenamiento de pornografía infantil. Su defensa solicitó acogerse al término constitucional, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se lleva a cabo la audiencia en la que se determinará si es vinculado a proceso.
La investigación continúa bajo la conducción del Ministerio Público. La imputación no constituye una sentencia y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.