Diputados locales tienen reforma judicial entrampada

Ni para atrás, ni para adelante. La reforma al Poder Judicial de Jalisco que tenía que derivarse de los cambios constitucionales federales publicados el 15 de septiembre de 2024, continúa sin avanzar en el Congreso del Estado.

Aunque el plazo legal para aprobar las modificaciones locales venció el 14 de marzo de 2025, el proceso sigue detenido y sin consensos. Preocupa a organismos sociales, que por sacar un documento en la raya del plazo, sea uno a beneficio de intereses políticos.

Un posicionamiento emitido por el grupo integrado por el ITESO, la Universidad Panamericana, la Univa, capítulos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados, Coparmex Jalisco, académicos del derecho, Juicio Justo y el observatorio Jalisco Cómo Vamos, critican no sólo la falta de acuerdos, sino la ausencia de una idea clara del dictamen que se encuentra en discusión, que terminó en un Frankestein de varias ideas.

El colectivo explica que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso reunió en un sólo documento siete iniciativas, una de ellas elaborada por los representantes de la sociedad civil, sin embargo, ese dictamen presentado en octubre no generó los acuerdos necesarios para ser votado. La discusión quedó bloqueada por desacuerdos entre legisladores, sin deliberación suficiente para destrabar el proceso.

El rezago legislativo mantiene a Jalisco contra el tiempo. La fecha límite para aprobar las leyes complementarias y la reforma a la Constitución local vence en abril de 2026, lo que implica que los retrasos actuales podrían comprometer la implementación del nuevo modelo judicial. En el peor de los casos, hay temor a una reforma hecha al vapor.

Las organizaciones civiles proponen retomar el debate en enero de 2026 y abrir la discusión pública a partir de su iniciativa original, con la intención de construir un modelo que garantice independencia judicial, profesionalización y mecanismos de selección basados en mérito, sin el uso del azar para definir quién ejerce funciones jurisdiccionales, la llamada tómbola. Expertos reconocen la urgencia de combatir vicios dentro del Poder Judicial del Estado.

El grupo advierte que el contenido final de la reforma incidirá directamente en el futuro del Estado de Derecho, el desarrollo económico y el capital social de la entidad.

También subraya que el actual bloqueo legislativo no envía una buena señal, pues la transformación del Poder Judicial no debería asumirse como un trámite más entre los asuntos pendientes del Congreso.