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Emiten declaratoria de emergencia en Tlajomulco tras desbordamiento del Arroyo Seco
Seguridad

Emiten declaratoria de emergencia en Tlajomulco tras desbordamiento del Arroyo Seco

Por: Israel Rangel
Guadalajara
Fecha: 11-09-2025

El Comité de Emergencias de Tlajomulco aprobó este miércoles una declaratoria de emergencia, la cual será enviada al Gobierno del Estado de Jalisco para su validación.

Tras las intensas lluvias registradas esta semana, que provocaron el desbordamiento del Arroyo Seco y severas afectaciones en distintos puntos del municipio. Además se presentó el informe técnico de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal, que documenta daños significativos principalmente en la avenida Adolf B. Horn y en la zona Valle, donde se reportaron inundaciones en fraccionamientos, afectaciones a viviendas y colapsos en infraestructura hidráulica y vial.

El secretario general del Ayuntamiento, Tomás Figueroa, explicó que la declaratoria busca activar los protocolos estatales de atención a emergencias y canalizar recursos de forma conjunta para atender a la población afectada.

"El municipio ya hace la declaratoria con esta sesión que acabamos de concluir. En un plazo máximo de 72 horas, la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado deberá realizar la verificación de los daños y, en coordinación con nuestro equipo, definir los apoyos y reparaciones necesarias conforme a los protocolos establecidos", señaló el funcionario.

Las brigadas municipales ya trabajan en labores de desagüe, retiro de escombros y liberación de vialidades, aunque los niveles de agua en algunas zonas siguen dificultando la evaluación total de daños. Las afectaciones incluyen daños a viviendas, pérdida de menaje y colapso de drenajes, así como obstrucciones en bocas de tormenta y vialidades comprometidas.

De acuerdo con los protocolos estatales, los recursos para atender este tipo de emergencias se distribuyen de la siguiente forma:

Para afectaciones en menaje de casas, el Gobierno del Estado aporta el 80% y el municipio el 20%. En infraestructura dañada, ambos niveles de gobierno participan con una aportación igualitaria del 50%.


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