En primer año de gobierno de Sheinbaum proliferaron desencuentros en seguridad

La coordinación en materia de seguridad no ha sido el punto fuerte entre el Gobierno del Estado de Jalisco y la Federación durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum. Casos sensibles, como el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán o la violencia que azota a la región de Los Altos particularmente en Teocaltiche, han sido motivo de tensiones y disputas entre ambas instancias.

Al inicio de su gobierno, Sheinbaum anunció una estrategia de intervención en los estados con mayores índices de homicidios: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. De acuerdo con cifras oficiales, el 25.3% de los Homicidios Vinculados a la Delincuencia Organizada (HVDO) se concentran en municipios como Tijuana (Baja California), León y Celaya (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), Benito Juárez (Quintana Roo), Colima (Colima), Cajeme (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua) y Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco).

La estrategia federal inició con operativos en esos municipios y con un énfasis en cinco estados considerados de atención prioritaria: Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Jalisco. Para ello se enviaron más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que en algunos casos trabajaron en coordinación con policías estatales y municipales. Sin embargo, los resultados han sido limitados: la incidencia de delitos de alto impacto en varias regiones no logró una disminución significativa.

El caso del Rancho Izaguirre marcó un punto de quiebre en la relación entre el gobierno estatal y el federal. Mientras la administración de Jalisco acusó a la Fiscalía General de la República de mediatizar el caso, el gobierno federal señaló omisiones de las autoridades locales respecto a la operación del rancho, señalado como un posible centro de incineración clandestina de personas. Hasta ahora, no existen pruebas concluyentes que sostengan tales acusaciones, lo que evidenció más las fracturas institucionales que los avances en justicia.

En Teocaltiche, epicentro de la violencia en los Altos Norte, la estrategia conjunta buscó restablecer el control institucional tras el asesinato de funcionarios, desaparición de policías y hallazgo de infraestructura criminal como centros clandestinos de videovigilancia. La respuesta federal incluyó patrullajes militares y la toma temporal del mando local. No obstante, pese al despliegue de recursos, los esfuerzos no han logrado revertir la espiral de violencia que golpea a la población.

Un elemento adicional de tensión ha sido la discusión sobre las facultades para atender delitos relacionados con la delincuencia organizada. Aunque desde 2004 existe una ley que faculta al gobierno de Jalisco a intervenir en este tipo de casos, la disputa con la Federación sobre los límites de competencia ha debilitado los intentos de acción conjunta.