La reciente reforma federal que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desencadenó cambios estructurales en las entidades federativas, y Jalisco no es la excepción. El pasado 10 de junio, el Congreso del Estado aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), transfiriendo sus atribuciones a la Contraloría estatal.
Esta modificación, respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios (Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos, Futuro, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo), plantea que la Contraloría será ahora la instancia garante del derecho a la información, con facultades para exigir rendición de cuentas no sólo al Poder Ejecutivo, sino también a municipios y organismos autónomos. Por su parte, el PRI y el PAN votaron en contra al considerar que la nueva figura podría incurrir en discrecionalidad al ser juez y parte en los procesos de resolución de recursos ciudadanos.
El Congreso local fijó un plazo de 90 días para definir y aprobar las leyes secundarias que permitirán la entrada en funciones del nuevo modelo. Mientras tanto, el Itei continuará operando con normalidad hasta que se concrete la transición. El tema no esta exento de la politización y los señalamientos.
Ante los reclamos que el tema de la transparencia no queda resuelto de fondo hay nuevas propuestas en este tema.
Se contempla la creación de un organismo desconcentrado dentro de la Contraloría, que tendrá como tarea específica garantizar el acceso a la información. Esta medida forma parte de una propuesta más amplia impulsada por el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, que incluye una nueva Ley de Transparencia y la creación de un Subsistema Estatal de Transparencia.
Este subsistema integrará un Consejo Consultivo compuesto por personas expertas provenientes de universidades, colegios profesionales, el Sistema Estatal Anticorrupción y la sociedad civil. Todos los integrantes serían honoríficos.
Además, se propone que el nuevo órgano desconcentrado tenga una estructura propia, con titular y consejerías designadas por el Gobernador a partir de ternas presentadas por el Comité de Participación Social. También se prevé la reubicación del personal del Itei (alrededor de 100 personas, 23 de ellas de base) hacia nuevos roles dentro de la Contraloría.
Desde Morena, el diputado Alejandro Barragán propuso una reforma constitucional paralela para crear un Subsistema de Transparencia que refuerce las atribuciones de las contralorías estatales y municipales, con una arquitectura funcional, coordinada y evaluable. Su iniciativa incluye a representantes de los tres poderes, así como de los municipios, y busca evitar la dispersión y poca eficacia que, aseguran, caracteriza a algunos órganos autónomos. También se plantea conservar las plataformas y archivos del Itei como parte de la transición.
Aunque Movimiento Ciudadano había defendido previamente la autonomía del Itei, en esta ocasión votó a favor de su desaparición, alineándose con el nuevo esquema federal. Tanto el Gobierno estatal como Morena y MC insisten en que el derecho de acceso a la información se mantendrá, aunque bajo estructuras más centralizadas y no ciudadanas.
Aún queda por definirse el contenido de las leyes secundarias, los mecanismos operativos del nuevo modelo, y las garantías necesarias para asegurar la autonomía y capacidad técnica de los nuevos órganos encargados de proteger un derecho que, hasta ahora, tenía instancias especializadas. La gran pregunta sigue abierta: ¿quién será ahora el verdadero defensor de la transparencia ante la ciudadanía?