Fallan acuerdos para sacar adelante nuevo acueducto a Chapala

Mientras miles de hogares de la metrópoli cargan cubetas por los tandeos que arrancaron el 15 de octubre, en el Congreso de Jalisco se disputa la obra que, según el Gobierno estatal, pondría fin al agua sucia: un nuevo acueducto de 42 kilómetros entre Chapala y Guadalajara. Nadie se opone a construirlo. La pelea es por cómo pagarlo.

El gobernador Pablo Lemus envió la iniciativa para que los diputados autoricen un contrato de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) con una empresa privada, por 11 mil 922 millones de pesos y a un plazo de 20 a 25 años. La aprobación exige mayoría calificada, 26 de 38 votos, porque compromete presupuesto estatal durante más de tres sexenios.

El argumento oficial es técnico y de urgencia. El sistema actual opera desde 1989 y pierde alrededor de 34 por ciento del agua en fugas. Además, gasta 850 millones de pesos al año en electricidad; con la nueva línea, ese gasto bajaría a 250 millones. Chapala aporta cerca de 65 por ciento del agua potable de la metrópoli, y el proyecto ejecutivo ya tiene aval técnico de la Conagua. Lemus sostiene que el esquema no implica deuda pública, privatización ni aumento de tarifas: el Estado pagaría a la empresa con presupuesto anual, a través de la Comisión Estatal del Agua.

La oposición lee el mismo contrato de otra forma. La coalición Morena, Hagamos, PT y Futuro afirma que, según los escenarios de la propia iniciativa, el Estado comprometería hasta 39 mil 688 millones de pesos a 20 años, o 48 mil 296 millones a 25. Eso equivale a entre tres y cuatro veces el costo de la obra. Su contrapropuesta es pagar directamente con los recursos que el Gobierno ya reconoce poder destinar cada año y terminar en dos o tres ejercicios fiscales.

El precio es otro flanco. En 2025, el gobernador estimó la obra en 6 mil 500 millones. Un año después habló de 10 mil millones y, en otro foro, de 15 mil. La iniciativa fija casi 12 mil. La coalición calcula un alza de 83 por ciento en año y medio que, sostiene, ni la inflación explica ni el documento justifica.

En el Congreso, los 26 votos están lejos. Mariana Casillas (Futuro), presidenta de la comisión del agua, se declaró totalmente en contra porque, a su juicio, el contrato abre la puerta a la privatización. Tonatiuh Bravo (Hagamos) acepta el acueducto, pero rechaza el financiamiento y reclama que la iniciativa omita la reestructura del SIAPA, su cartera vencida y el saneamiento. Claudia Murguía (PAN) pidió un acuerdo político y condicionar el voto a un plan hídrico integral. Brenda Carrera (PVEM) adelantó su respaldo y acusó a Morena de usar la crisis como bandera.

Fuera del recinto, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco advierte que sin sustituir la línea el problema seguirá. El IMDEC exige hacer público el proyecto ejecutivo. Activistas de la ribera temen que la obra termine extrayendo más agua del lago, algo que el Gobierno niega.

La obra tardaría unos dos años en construirse. El reloj empieza a correr cuando haya votos; mientras tantos, las cubetas por los tandeos ya están en la calle.