¿Gasolina más cara? Precio seguirá limitado a 24 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en agosto renovará el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para mantener el precio máximo de la gasolina regular en 24 pesos por litro.

Esta medida, implementada desde febrero, forma parte de la política nacional para estabilizar los precios de los combustibles y, según la mandataria, ha contribuido a reducir la inflación en el país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum agradeció al sector gasolinero por sumarse al esfuerzo y confirmó que el acuerdo será renovado este mes. El pacto fue suscrito por empresarios y funcionarios en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y lleva por nombre "Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México".

La decisión de mantener el tope coincidió con el informe más reciente del INEGI, que reportó una inflación del 3.51% en julio, encadenando así dos meses consecutivos a la baja. La presidenta destacó que la caída en los precios del pollo, carne de res y cerdo ha sido clave en este descenso.

Sheinbaum también explicó que se retomaron importaciones de pollo desde Brasil tras un brote de gripe aviar en una zona específica. La medida permitió reanudar la entrada del producto desde regiones no afectadas, lo que ayudó a estabilizar los precios del alimento en México.

El acuerdo con los gasolineros no impone obligaciones legales, pero ha sido respaldado por acciones de Pemex, que fijó un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto. Esto facilitó que las estaciones de servicio pudieran ofrecer gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

El esquema contempla un margen de hasta dos pesos entre el precio mayorista y el precio al público, sin incluir el IVA. A su vez, la Secretaría de Hacienda mantendrá sin cambios los estímulos fiscales que se aplican semanalmente al IEPS, según confirmaron fuentes oficiales.

No obstante, expertos advierten que el acuerdo podría no contemplar las variaciones logísticas entre regiones del país, lo que podría impactar la rentabilidad de algunas estaciones de servicio y aumentar el riesgo de prácticas ilegales como el huachicol. Además, el pacto no aplica en zonas fronterizas, donde los precios ya están regulados por estímulos fiscales distintos.