Jalisco condena violación a soberanía estatal y autonomía de wixárikas
El Gobierno de Jalisco condenó la entrada irregular de la presidenta municipal de El Nayar, Nayarit, Imelda Escobedo, a la comunidad wixárika de Tateikie, ubicada en San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.
La alcaldesa y su equipo, junto con policías municipales, realizaron actos de gobierno en este territorio, lo que el estado considera una violación a su soberanía y a la autonomía de los pueblos indígenas.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, afirmó que no permitirán que autoridades de otros estados violenten la soberanía estatal ni realicen promoción política electoral en zonas en disputa.
"No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía y tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la Presidenta Municipal (de El Nayar) por haber hecho esto, y a la siguiente vez que esto suceda, vamos a tener que detener personas", afirmó Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco.
La acción de la alcaldesa viola una suspensión vigente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de la controversia constitucional 108/2018. Esta suspensión impide que cualquier autoridad realice actos de gobierno, nombramientos o intervenga en la comunidad wixárika, hasta que se resuelva el conflicto territorial entre Jalisco y Nayarit.
Como consecuencia de esta incursión, la comunidad retuvo a Imelda Escobedo, su equipo y policías. El Gobierno de Jalisco, mediante la Secretaría General de Gobierno, instaló una mesa de diálogo con representantes de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Tras la negociación, la alcaldesa y su comitiva fueron liberados y escoltados a su municipio por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cabe destacar que el 13 de marzo de 2025, la SCJN realizó un requerimiento al Municipio de El Nayar para dejar sin efectos actos violatorios de la suspensión, que consistieron en nombrar a un juez auxiliar en la misma comunidad. Este requerimiento fue promovido por el Gobierno de Jalisco el 17 de enero de este año.
