Jueces mexicanos en la mira del crimen antes de voto
?Este 1 de junio, México vivirá una jornada electoral histórica en la que casi 100 millones de personas elegirán a 881 cargos judiciales, entre ellos integrantes de la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos y preocupaciones, especialmente por la violencia que enfrentan quienes forman parte del poder judicial
La organización civil Data Cívica ha dado a conocer un preocupante panorama sobre la seguridad de jueces y sus equipos. Aunque durante las campañas electorales para estas elecciones no se registraron ataques directos contra las personas candidatas, sí se documentaron agresiones contra jueces en funciones y trabajadores judiciales. Esto revela que el crimen organizado mantiene a estas personas bajo amenaza.
Desde 2018, Data Cívica ha registrado 25 ataques de violencia político-criminal relacionados con el poder judicial. De estos incidentes, 13 fueron contra jueces, 9 contra trabajadores del sistema judicial y 3 contra familiares. La gravedad de estos ataques es alarmante: el 60% han sido asesinatos, el 28% ataques armados donde las víctimas lograron sobrevivir, y el 12% amenazas directas.
Los estados con mayor concentración de estos ataques son Morelos y Ciudad de México, con cuatro casos cada uno, seguidos por Baja California y Zacatecas. Solo en lo que va de 2025, se han reportado seis incidentes: tres amenazas a magistrados, un atentado contra una magistrada en Morelos, un ataque armado contra el chofer de un magistrado y el asesinato de un juez cívico municipal en Oaxaca.
¿Por qué los jueces son blanco de la violencia? Data Cívica explica que las decisiones judiciales pueden afectar estructuras de poder y redes de corrupción. Cuando un juez incumple acuerdos ilegales o impulsa cambios institucionales, se convierte en un objetivo para quienes buscan proteger sus intereses ilícitos
Además, la organización señala que la violencia política suele aumentar en el periodo previo a las elecciones, por lo que su monitoreo se centró en las campañas electorales del poder judicial entre el 30 de marzo y el 28 de mayo de 2025, así como en los incidentes documentados desde 2018.
Estas elecciones judiciales también han estado marcadas por controversias, incluyendo denuncias de candidatos con presuntos vínculos al narcotráfico, la postulación de aspirantes cercanos al gobierno y limitaciones presupuestales que afectan la organización de los centros de votación.