El Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, lamentó los incidentes violentos que se presentaron este sábado en el Centro de la ciudad y que de nuevo, la Catedral resultara afectada por esta manifestación. Se dijo también extrañado que la autoridad no hiciera ningún trabajo de inteligencia para la detección de los grupos de choque que fueron los responsables de los destrozos.
En el caso de la Catedral, el lado sur del edificio, que da hacia Plaza de Armas, es el que sufrió los daños principales, con varis pintas y cristales dañados, así como uno de los pórticos laterales que dan hacia el Sagrario Metropolitano.
Señaló que los daños ocurridos en el Palacio de Gobierno, la Catedral y otros puntos del primer cuadro evidencian la falta de una estrategia sólida para anticipar la presencia de individuos que buscan generar destrozos. Recordó que en protestas anteriores se registraron afectaciones importantes al patrimonio histórico y que ya se había solicitado implementar medidas preventivas.
"Lo que deben vigilar las autoridades son esos grupos que se infiltran con el objetivo de hacer daño. Eso ya se sabe que va a suceder no sólo en Guadalajara, también en otras ciudades. Extraña que no se cuente con una logística o un grupo de inteligencia que identifique su procedencia", afirmó.
Respecto a la participación de jóvenes en hechos violentos, advirtió que adolescentes y personas de entre 17 y 20 años suelen ser vulnerables a ser reclutados tanto por el crimen organizado como por grupos con intenciones destructivas. Mencionó como ejemplo el caso reciente del homicidio de un alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, presuntamente cometido por un menor de edad reclutado para dicho fin.
El obispo señaló que, aunque la formación y cuidado de los jóvenes corresponde en primer lugar a las familias, también las autoridades deben asumir su responsabilidad para prevenir situaciones que los pongan en riesgo.
Sobre las protestas registradas el sábado por la mañana pero que fueron pacíficas, reiteró que el derecho a la manifestación pública debe ser garantizado siempre que se realice de manera pacífica y respetuosa de la integridad de las personas y del patrimonio. Sin embargo, insistió en que la presencia de grupos infiltrados representa un riesgo que debe anticiparse.