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México rechaza la pena de muerte en cualquier circunstancia
Política

México rechaza la pena de muerte en cualquier circunstancia


La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó con firmeza que su administración se opone a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia, sin importar el delito involucrado



En su más reciente conferencia en Palacio Nacional, dejó claro que esta postura es un pilar fundamental de la política mexicana y está respaldada por todos los tratados de extradición firmados por el país, los cuales prohíben la aplicación de la pena capital.


Este pronunciamiento surge luego de que la fiscalía estadounidense anunciara que no solicitará la pena de muerte contra tres destacados narcotraficantes mexicanos: Ismael "El Mayo" Zambada García, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, conocido también como "El Viceroy".


Estos individuos se encuentran bajo custodia en Washington, acusados de delitos relacionados con el narcotráfico.



La Presidenta enfatizó que las decisiones judiciales sobre estos casos corresponden exclusivamente a Estados Unidos, y que el gobierno mexicano no interviene ni participa en los procesos o acuerdos legales que se realicen en ese país.



Además, Sheinbaum señaló que no tiene conocimiento de negociaciones similares a las que fueron reportadas en torno a Ovidio Guzmán, otro personaje vinculado al crimen organizado.


"No sabemos si existe algún tipo de pacto, y en caso de que así sea, será una determinación del gobierno estadounidense, no nuestra", comentó.


La mandataria también reiteró el compromiso del gobierno mexicano con el cumplimiento estricto de los tratados internacionales de extradición, siempre que respeten la legislación interna.


La prioridad, remarcó, es que cualquier acción que se lleve a cabo tenga como objetivo principal el bienestar de la población mexicana.



En suma, el Ejecutivo federal mantiene una postura clara: rechazar la pena de muerte, respetar los compromisos internacionales vigentes y evitar cualquier interferencia en los procesos judiciales de otros países, a la vez que protege los intereses nacionales.


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