Omisiones causaron crisis en IJCF en 2018
Al dar a conocer la recomendación por la crisis generada en Ciencias Forenses a finales del año pasado a causa de la acumulación de cuerpos que deambularon en un tráiler, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón reportó que en total se inhumaron 605 cuerpos de personas no identificadas, 161 cadáveres más de los que informó en su momento la administración de Aristóteles Sandoval Díaz (444), además de que detalló irregularidades que provocaron dicha contingencia del 19 de septiembre hasta el mes de diciembre pasado.
El ombudsman estatal detalló que se inició de oficio 380 actas de investigación, una por cada persona fallecida no reclamada, y en consecuencia igual número de quejas; se levantaron 64 quejas respecto a las personas fallecidas que fueron reclamadas por sus deudos, 109 quejas de la segunda etapa de inhumaciones, y 52 más correspondientes a inhumaciones de neonatos y neonatos.
"Haciendo un total de 605 quejas, que corresponde al universo de personas de las que tuvo conocimiento esta defensoría, específico en los procesos de inhumación".
Hernández Barrón indicó que las omisiones del personal de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en las diligencias e integración de los expedientes básicos de cada cuerpo provocó su acumulación y la permanencia de estos de hasta más de 3 años en las instalaciones del SEMEFO.
"Hubo falta de diligencia en las investigaciones ordenadas por los agentes del Ministerio Público. Hubo omisión en la integración del expediente básico de identificación forense, esto por parte de la Fiscalía y del propio instituto, todo esto provocó la acumulación de una cantidad de por lo menos 605 personas fallecidas sin identificar. Ante la falta de un cementerio forense los cuerpos permanecieron en lapsos de tiempo que fluctúan entre los 5 meses y los más de 3 años"
En sus investigaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos descubrió que en algunos casos los dictámenes de ADN se realizaron de forma tardía y en otros ni siquiera se practicaron para no gastar dinero.
"En algunos casos no se solicitaron el dictamen pericial de ADN por no vulnerar las arcas del erario público ya que costaba 10 mil cada una. Una cantidad considerable de los dictámenes de ADN se practicaron dilatoriamente y se documentaron hasta que se dio a conocer públicamente la contingencia. Respecto a los dictámenes de genética en la mayoría de los casos sólo ha documentado la toma de muestras o el perfil genético pero no la confronta".
Agregó que en 85 casos de personas fallecidas, sin identificar, entre ellas 37 nonatos y neonatos, las faltas de condiciones adecuadas de preservación y el tiempo que permanecieron provocaron que se borrará cualquier dato que pudiera permitir su futura identificación.