Pese a cambio de Gobierno, detectan irregularidades en Línea 3

Las irregularidades en torno a la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero no pudieron ser erradicadas por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

A pesar del cambio de gobierno durante la edificación de la obra de infraestructura más importante de los últimos años para Guadalajara, los señalamientos de malos manejos continuaron, de acuerdo con las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2019.

Según los documentos oficiales, sólo durante el año pasado hubo más de 445 millones de pesos que tuvieron malos manejos o no se pudieron solventar las observaciones de irregularidades:

IRREGULARIDADES SEÑALADAS A LA LÍNEA 3 EN 2019:

• Construcción del túnel: $226,569,252.80
• Edificación de viaductos elevados: $189,867,104.89
• Suministros e instalación de vías: $13,188,543.15
• Construcción de estaciones y talleres: $15,880,517.75
• TOTAL: $445,505,418.59

Entre las irregularidades hay pagos injustificados, duplicados, que incrementaron el costo sin explicación o incluso trabajos que fueron mal realizados y además de pagarse, se contrató a otra empresa para reparar las deficiencias.

Eslo que señala la Auditoría en una de las observaciones a la construcción de los talleres, donde se pagaron más de seis millones y medio de pesos para demoler y corregir áreas del edificio de control de la Línea 3 que estaban recién construidas:

En total, la obra ha recibido observaciones de irregularidades por casi mil 300 millones de pesos desde el año 2014, cuando comenzó su construcción.

HISTÓRICO DE OBSERVACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3:

• 2014: $3,083,500.00
• 2015: $26,504,700.00
• 2016: $180,788,400.00
• 2017: $109,178,213.28
• 2018: $532,344,558.86
• 2019: $445,505,418.59
• TOTAL: $1,297,404,790.73

Todavía falta la revisión que en 2021 realice la Auditoría Superior de la Federación a las últimas obras y pagos realizados este año para finalizar la obra.

LaLínea 3 se proyectó originalmente en 17 mil millones de pesos y terminó costando el doble, poco más de 35 mil millones de pesos, según proyecciones del precio final enviadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Cámara de Diputados el mes de junio pasado.

Las irregularidades detectadas se convierten en procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios encargados y pueden terminar en denuncias penales.