Poder Judicial de Jalisco, uno de los peor calificados
Aunque es uno de los tres pilares de la división de poderes en cualquier democracia, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial es probablemente el menos comprendido por la ciudadanía. Esta falta de conocimiento se refleja en la apatía generalizada hacia los procesos de renovación judicial, como lo demuestra el escaso interés por las próximas elecciones en esta materia.
En Jalisco, el panorama no es diferente. La mayoría de la población desconoce cómo opera el sistema de justicia local, cuya renovación de cargos, no ocurrirá sino hasta 2027, según la discusión que se realiza en este momento en el Congreso Local, para armonizarla con la reforma federal.
Esta desinformación que impera entre la ciudadanía impide ver que el Poder Judicial del Estado de Jalisco es uno de los peores calificados del país.
De acuerdo con el informe Hallazgos de México Evalúa, la impunidad en Jalisco alcanza un 99% de los delitos, sólo superada por Oaxaca, y se estima un rezago de más de 413 mil carpetas de investigación pendientes de resolución.
El sistema judicial estatal está conformado por el Supremo Tribunal de Justicia, integrado por 22 magistrados numerarios y tres supernumerarios. Cuenta también con 182 juzgados que atienden materias como penal, mercantil, civil y justicia para adolescentes. A ello se suman dos órganos codependientes: el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) y el Instituto de Justicia Alternativa (IJA).
El diagnóstico más reciente del World Justice Project reprueba a Jalisco en el rubro de impartición de justicia, otorgándole apenas 31 de 100 puntos posibles. El informe subraya la baja calificación en aspectos clave como la imparcialidad del sistema penal (27 puntos) y la capacidad de investigación de los delitos (18 puntos). En el ámbito civil, el estado obtuvo también una calificación reprobatoria de 31.
A estos datos se suman los resultados del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, que identifica graves deficiencias en el sistema judicial, en especial por la designación de funcionarios basada en relaciones políticas más que en méritos.
"Claro, primero hay que sacar al poder político de la nominación. No podemos seguir permitiendo que sean los partidos políticos o un solo grupo el que nomine a las personas que se van a encargar de impartir justicia. Y esto se puede hacer mediante el establecimiento de lo que acaba de desaparecer a nivel federal, el establecimiento de una carrera judicial", expresó Azul América Aguiar, académica e investigadora
Además, señala que los juzgados enfrentan una alta carga de trabajo. En 2024, se concluyeron apenas 6 mil 565 asuntos en materia penal, de los cuales sólo 2 mil 617 derivaron en sentencias definitivas.
Pese a este escenario crítico, el Poder Judicial de Jalisco cuenta con un presupuesto anual garantizado del 2% del gasto estatal, lo que este año representó 3 mil 459 millones de pesos.
