Integrantes de organizaciones de personas con discapacidad acusan que a pesar del discurso oficial de mayor inclusión, en muchas ocasiones siguen siendo víctimas de discriminación institucional y segregación en programas sociales y participación ciudadana.
Según datos del último Censo de Población y Vivienda 2020, en Jalisco viven alrededor de un millón 264 mil 817 personas con discapacidad, alguna limitación o condición especial, lo que representa el 15.2 por ciento de la población estatal, de acuerdo con INEGI. Del total, 674 mil 518 son mujeres (53.3 %) y 590 mil 299 hombres (46.7 %). En cuanto a los tipos de discapacidad más frecuentes en la entidad, cifras de la Secretaría de Economía señalan que la discapacidad física afecta a cerca de 199 mil personas, seguida de la discapacidad visual con aproximadamente 156 mil casos, y la discapacidad auditiva, que alcanza alrededor de 77 mil 900 personas.
Colectivos de personas con discapacidad en Jalisco denunciaron que, pese al reconocimiento constitucional de la pensión para este sector como un derecho de carácter universal, persisten restricciones y exclusiones que dejan fuera a la mayoría de la población con esta condición. Afirman son cerca de 380 mil personas con discapacidad excluidas de las políticas públicas y padrones de apoyo social. Señalan se traduce en años de espera para ingresar a los programas, trámites que no avanzan y plataformas digitales, como la de "Yo Jalisco", con constantes fallas e impiden completar el proceso. Una de las principales críticas se dirige a la edad límite establecida para recibir la pensión estatal, que se ha fijado en 29 años.
"Todos deben pensar que no somos personas a las que se nos quita la discapacidad a partir de los 29 años. La discapacidad es permanente y muchos somos de nacimiento, muchos somos por accidente. Muchos adquirimos la discapacidad a partir de los 29 años o más. Entonces, no nos puede limitar hasta cierta edad", expresó Patricia Rodríguez, activista de los derechos de las personas con Discapacidad
También subrayan que existen personas con discapacidad de nacimiento que han sobrepasado ese rango de edad y quedan excluidas de los apoyos, a pesar de seguir enfrentando las mismas barreras. Los activistas recuerdan que, al estar la pensión reconocida como un derecho universal, el gobierno estatal y federal debería aplicar criterios incluyentes y no restrictivos.
A las limitaciones en los programas sociales se suma la falta de accesibilidad a espacios públicos y en la propia infraestructura gubernamental. Integrantes del movimiento relataron que, en días recientes, un grupo de mujeres con discapacidad acudió a entregar un documento relacionado con la marcha y fueron atendidas fuera del Palacio de Gobierno, debido a que el edificio se encontraba en obra y no se garantizaron rutas accesibles.
Sostienen que esta situación es especialmente grave porque muchas de estas personas buscan trabajar, sostenerse de manera independiente y participar activamente en la vida pública, pero chocan todos los días con barreras arquitectónicas, administrativas y sociales.
Las organizaciones presentaron una iniciativa para asegurar que las propias personas con discapacidad ocupen los cargos burocráticos relacionados con su atención, tanto en los gobiernos municipales y estatal como en instancias federales con presencia en Jalisco.
Con la propuesta, se busca que direcciones, jefaturas y coordinaciones que atienden la agenda de discapacidad sean encabezadas por personas que viven esta condición, de modo que puedan elaborar estrategias más cercanas sus necesidades. La iniciativa incluye mecanismos para evitar la simulación o usurpación de estos espacios:
"Efectivamente, nosotros ya pusimos varios candados entre ellos dos muy importantes que es presentar el dictamen o el certificado de discapacidad que te lo da la Secretaría de Salud y junto con ello la credencial de discapacidad. Esos son dos candados importantes y el tercero podría ser que seas un activista importante dentro de la comunidad", mencionó Óscar de la Torre, activista de los derechos de las personas con discapacidad
Los colectivos informaron que estas propuestas ya fueron planteadas ante las autoridades electorales y que la presidencia del organismo correspondiente manifestó apertura hacia los planteamientos.