Tres empresas mencionadas en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades en la proveeduría electoral obtuvieron del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) contratos que suman al menos 331 millones de pesos entre 2012 y 2024.
Seriplast de México, Diseño, Reconstrucción y Comunicación, y Cajas Graf recibieron cuatro adjudicaciones para abastecer materiales utilizados en las elecciones de Jalisco. Los contratos corresponden a distintas administraciones del organismo y muestran el alcance local de una proveeduría ahora bajo escrutinio federal.
La adjudicación de mayor monto entre esos antecedentes corresponde a Seriplast: obtuvo 110.8 millones de pesos para suministrar material electoral en 2018, cuando se renovó la gubernatura y Guillermo Alcaraz Cross presidía el Consejo General del IEPC.
En esa licitación, identificada como LPN-002/2018, también participaron Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, otras dos compañías mencionadas en los reportes sobre las indagatorias y donde según el Registro Público de Propiedad y Comercio, competían contra si mismas las empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera.

La coincidencia cobra relevancia porque una de las líneas investigadas es si empresas relacionadas presentaron propuestas como competidoras independientes.
Tres años antes, Seriplast había conseguido otra adjudicación del instituto jalisciense. La memoria oficial del proceso 2014-2015 registra un contrato por 57 millones 380 mil 348.88 pesos para elaborar material electoral, otorgado después de reponer la última etapa de la licitación.
Los antecedentes se remontan, al menos, a 2012. Durante la presidencia de José Tomás Figueroa Padilla, el IEPC contrató directamente a Diseño, Reconstrucción y Comunicación por 60 millones 704 mil 523.76 pesos.
La licitación previa quedó desierta porque las propuestas superaron los 37 millones presupuestados. Posteriormente, el organismo adjudicó el suministro de urnas, mamparas, mesas portaurnas y otros insumos por más de 60 millones.
La relación comercial continuó en procesos recientes. Cajas Graf recibió una adjudicación de 102 millones 160 mil 915 pesos para los comicios de 2024. También identificó una contratación de marzo de 2021, cuyo monto no está incluido en esta suma.
La UIF investiga presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones con posibles factureras. Las publicaciones mencionan siete empresas y 70 cuentas bloqueadas, sin identificar públicamente a todos sus titulares.
Por separado, el INE confirmó una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación. Los antecedentes disponibles no acreditan que los contratos jaliscienses fueran ilegales ni que Guadalupe Taddei interviniera en su adjudicación.
La revisión deberá esclarecer si existió competencia efectiva entre proveedores y si las contrataciones cumplieron las reglas para ejercer recursos públicos, pero por lo pronto, impacta la credibilidad del un organismo que recientemtene registro cambios operativos con el cambio de su presidencia.