Integrantes del Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, conformado por comunidades, organizaciones y defensores del agua, manifestó su rechazo a la licitación para la construcción de un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.
La licitación se publicó el 10 de abril por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIAJ).
En un pronunciamiento encabezado por María González Valencia , representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Frente expresó su inconformidad ante la falta de información, consulta y participación previa, pese a que la obra impactaría directamente al ecosistema del lago y a las comunidades ribereñas.
De acuerdo con el comunicado, la iniciativa contraviene los compromisos de campaña del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien prometió no autorizar nuevas obras que incrementaran la extracción de agua del lago y planteó fortalecer el abasto hídrico a través de otras fuentes. Sin embargo, señalaron que los municipios involucrados, siete en Jalisco y tres en Michoacán, no han sido debidamente informados y que existe una ausencia de claridad por parte de las autoridades sobre los alcances del proyecto.
El Frente advirtió sobre el delicado estado ambiental del Lago de Chapala, catalogado desde hace 16 años como sitio Ramsar por su valor ecológico y cultural.
Además, calificaron como preocupante el incremento del costo estimado del proyecto. Aunque el gobierno estatal lo calculó en seis mil 500 millones de pesos, las cinco empresas que participan en la licitación presentaron propuestas que oscilan entre los 13 mil 300 y 19 mil 600 millones de pesos, lo que, a juicio del Frente, evidencia inconsistencias en la planeación y viabilidad técnica y financiera de la obra.
Los integrantes del Frente cuestionaron también el modelo de gestión hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al considerar que no se han abordado problemas estructurales como la pérdida del 50% del agua en la red, la falta de protección de áreas de recarga y la ausencia de soluciones sostenibles basadas en la naturaleza.
Ante este panorama, exigieron la suspensión inmediata del proceso de licitación, la transparencia en los estudios que justifican la sustitución del acueducto, la presentación pública del proyecto en las comunidades afectadas, y la apertura de un diálogo con organizaciones y especialistas para definir una ruta de restauración integral del lago.