El robo de agua se ha convertido en un problema estructural en México, y Jalisco no es la excepción. Este delito se manifiesta principalmente en dos frentes: la sustracción ilegal de agua potable en zonas urbanas y el acaparamiento de grandes volúmenes del recurso por parte de sectores agrícolas e industriales.
En las zonas urbanas, el robo de agua ocurre mediante tomas clandestinas y conexiones ilegales al sistema de distribución. En algunos casos, los delincuentes dañan deliberadamente la red hidráulica para forzar a los vecinos a comprarles pipas o cisternas, generando un mercado negro del agua potable.
De acuerdo con datos del SIAPA, entre 2010 y 2025 se han detectado más de cinco mil tomas clandestinas. Solo Guadalajara concentra cuatro de cada diez casos reportados
Reportes de tomas clandestinas ante el SIAPA
Fuente: Transparencia SIAPA
Colonias populares del norte de Zapopan, Tlajomulco y Tonalá se han convertido en focos de este tipo de delitos, donde incluso se reporta la reventa ilegal de agua a vecinos afectados por los cortes provocados por los mismo saqueadores.
El otro gran frente del robo de agua se encuentra en las actividades agrícolas e industriales. El Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) ha identificado a más de 100 empresas y actores políticos que, afirman, controlan los principales cuerpos de agua de la Región Hidrológica Lerma-Santiago, que incluye el Lago de Chapala, el Río Verde, el Lago de Cajititlán y el Río Santiago.
Los organismos acusan que es u despojo tolerado por la misma ley. Hay empresas que concentran concesiones de agua subterránea y superficial otorgadas por lapsos de 10 a 50 años, con volúmenes de extracción que alcanzan los 102 millones de metros cúbicos de agua subterránea y casi tres mil millones de metros cúbicos de agua superficial al año.
En total, 12 desarrolladoras inmobiliarias poseen 14 títulos de concesión que les permiten extraer más de 36 mil millones de litros de agua anuales, mientras que cuatro desarrollos residenciales detentan ocho mil millones de litros más. Además, otros de los principales beneficiados se encuentran industrias cerveceras, tequileras, refresqueras, farmacéuticas y agroexportadoras, además de parques industriales y fraccionamientos residenciales.

En regiones como la Sierra de Quila, los habitantes han denunciado de manera reiterada el despojo del agua destinado a cultivos comerciales de papa, berries y aguacate. Las comunidades acusan a las empresas agrícolas de secar los manantiales y desviar los cauces naturales para su beneficio, dejando sin acceso al recurso a los pobladores locales. Los organismos acusan que las nuevas reformas a la ley nacional de aguas son todavía peores en el acaparamiento
Estas denuncias reflejan un conflicto que va más allá del robo material: es una disputa por el control del agua en Jalisco, donde los intereses industriales e inmobiliarios se imponen sobre el derecho de las comunidades al acceso al vital líquido.