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19 de Abril del 2024
Seguridad

Señalan irregularidades en corralones: cobros excesivos y remates de autos

Señalan irregularidades en corralones: cobros excesivos y remates de autos
Por: José Carlos Rodríguez Toral
Guadalajara
08-08-2020

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) confirmó que cuatro personas fueron víctimas de cobros exagerados en los corralones del extinto Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), o sus autos fueron subastados en lugar de regresárselos después de haber sido recuperados por robo, debido a la tardanza de la actuación de agentes de la Fiscalía del Estado.

Los señalamientos de irregularidades en torno a los corralones vienen contenidos en la recomendación 23/2020 de la CEDHJ, donde se narran cuatro casos similares donde fueron rematados vehículos que habían sido recuperados después de un robo, en lugar de devolverlos a sus dueños; o que tras un accidente, las personas debieron cubrir pagos exagerados por los días en el depósito vehicular, cuando la tardanza no fue su responsabilidad.

Por estos hechos, el organismo exige que sea el Gobierno de Jalisco el que reponga el valor de los vehículos rematados a sus propietarios, o que se compense el costo que tuvieron que pagar por los días en que los vehículos estuvieron dentro del corralón.

Como medida de no repetición, la CEDHJ pide que se brinde capacitación a los agentes que están involucrados en la investigación de robo de autos, para que devuelvan el vehículo de forma ágil a las víctimas, también que respeten las normas.

De igual forma, el organismo pide que se reformen las leyes para que las víctimas de algún delito como robo o secuestro no tengan que pagar los días en que sus vehículos permanecen en el corralón en tanto se realizan las investigaciones.

Por estos hechos, la CEDHJ pide procesos de sanción y que se agregue en sus expedientes que violaron derechos humanos los funcionarios: Liliana Zamora García, José Adrián Plascencia García, Arturo Aguilera Ochoa, Alberto Gutiérrez Pérez y Juan Carlos López Bustos, todos agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, así como de María Luisa Urrea Hernández Dávila, quien era la responsable del IJAS cuando se remataron vehículos en lugar de devolvérselos a sus propietarios.










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