Tras la recuperación de la planta potabilizadora número 4, ubicada en Toluquilla, por parte del Gobierno del Estado, trabajadores que operaban las instalaciones denunciaron que se les impidió regresar a sus puestos de trabajo, por lo que exigieron al Gobierno de Jalisco garantizar su continuidad laboral mediante una sustitución patronal.
Los afectados señalaron que, desde el 28 de octubre, cuando las autoridades asumieron el control de las instalaciones, permanecen sin poder desempeñar sus funciones, pese a contar con antigüedades que van de uno hasta 21 años.
Respaldados por la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus Municipios, los empleados constituyeron una coalición para exigir el reconocimiento de sus derechos adquiridos.
Cuauhtémoc Peña Cortés, dirigente de la organización sindical, sostuvo que el cambio de administración no debe representar la terminación de las relaciones laborales y solicitó que el SIAPA absorba a los trabajadores, respetando salarios, prestaciones y antigüedad.

Advirtió que existe incertidumbre sobre el pago de los próximos salarios y denunció que dos empleados presentan adeudos.
Por su parte, Rosana Mendoza Roa, quien trabajó durante más de 19 años como supervisora de operación, pidió la intervención inmediata del Gobierno estatal para establecer las condiciones de reincorporación del personal.
Víctor Aguilar Correa, representante de la coalición, aseguró que los trabajadores nunca abandonaron voluntariamente sus puestos y recordó que eran responsables de potabilizar el agua destinada a viviendas de Guadalajara y Tlaquepaque.
Los afectados demandaron una mesa de diálogo con autoridades estatales, laborales y del SIAPA, además de la aplicación de la figura de sustitución patronal.
La organización anunció que entregaría un pliego petitorio a la Secretaría General de Gobierno para solicitar una reunión urgente y resolver el conflicto por la vía institucional.
El conflicto afecta a 27 trabajadores, según reportes de UDGTV y La Crónica de Hoy. La recuperación de la planta ocurrió tras seis años de litigio con el operador privado, que administraba las instalaciones desde 2012.