La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes un fallo que favorece a la Administración de Donald Trump al permitir que se levanten los bloqueos impuestos por tribunales menores a su orden ejecutiva que busca limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La decisión fue tomada con una mayoría conservadora de 6 contra 3 y no se pronuncia aún sobre el fondo del decreto, pero sí allana el camino para que pueda entrar en vigor.
La orden de Trump, firmada el 20 de enero al asumir su segundo mandato, busca negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres sean migrantes indocumentados o cuenten con visados temporales. Aunque la Constitución garantiza este derecho a través de la Enmienda 14, la medida ha sido suspendida temporalmente mientras avanzan los juicios.
El fallo del Supremo se limita a cuestiones técnicas: específicamente, si los jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts tenían la autoridad de bloquear a nivel nacional la orden del Ejecutivo. Para la mayoría conservadora de la Corte, estos jueces excedieron sus facultades.
La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, subrayó que "los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo". Agregó que, si un tribunal considera que el presidente actuó ilegalmente, no debe, como respuesta, extender su propia autoridad más allá de los límites establecidos por el Congreso.
Aunque el fallo permite levantar las suspensiones nacionales, establece que la orden de Trump no entrará en vigor hasta 30 días después de la publicación de esta decisión. Esto podría dar tiempo a los opositores para organizar demandas colectivas como una nueva vía legal para frenar la política.
Según el Migration Policy Institute, hasta 255 mil bebés al año podrían verse afectados si se aplican estas restricciones, lo que ha generado fuertes críticas de parte de defensores de derechos humanos y expertos constitucionales. Argumentan que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido en la Constitución y no puede eliminarse con una orden presidencial.
Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson emitieron votos en contra. Sotomayor, en una acción poco común, leyó su disenso desde el estrado, señalando que la Corte "renuncia a su papel vital" en la defensa del Estado de derecho. Brown Jackson advirtió que permitir esta acción sienta un precedente peligroso para la protección de derechos constitucionales en Estados Unidos.
La decisión no pone fin al debate legal, pero representa una victoria estratégica para Trump en su política migratoria. Mientras tanto, organizaciones civiles preparan nuevas acciones judiciales para evitar que esta medida afecte a cientos de miles de familias migrantes.