El expediente perdido de Teotihuacán

Meses después del ataque que dejó dos muertos, seis arcos detectores operan en la zona arqueológica, pero el INAH no pudo acreditar documentalmente cómo llegaron al sitio.

El 20 de abril de 2026, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, abrió fuego contra turistas desde la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán. El ataque dejó una turista canadiense muerta y 13 personas heridas; el agresor también murió.

La tragedia expuso una falla en los controles de acceso de uno de los principales destinos turísticos de México: no había arcos detectores de metales.

Meses después, la escena es distinta.

Los visitantes pasan por seis puntos de revisión, con arcos detectores, revisión de mochilas y personal de seguridad. El INAH informó que cinco de los arcos fueron colocados en accesos principales y uno en el Museo de los Murales Teotihuacanos "Beatriz de la Fuente".

La seguridad llegó.

El expediente que explique cómo llegaron esos equipos, no.

La pregunta después del ataque

Tras el tiroteo, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los sitios arqueológicos no contaban con arcos de seguridad y anunció nuevos protocolos.

"No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones".

Días después, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre la instalación de detectores de metales en Teotihuacán y otras zonas arqueológicas.

La respuesta institucional parecía clara: después de un ataque con arma de fuego, se reforzaron los accesos.

Pero surgió una segunda pregunta:

¿Quién adquirió, rentó o proporcionó los equipos y bajo qué figura jurídica operan?

Meganoticias siguió la ruta documental para responderla.

Seis filtros y una incógnita

Meganoticias verificó la operación de seis puntos de revisión distribuidos en los accesos de la zona arqueológica.

En cada uno hay un arco detector de metales y personal de seguridad encargado de las revisiones.

Los nuevos controles modificaron la dinámica de ingreso.

"Desde el ingreso están checando la Guardia Nacional que no se traiga cosas indebidas", explica Mayra Rivera Reyes, guía de turistas.

Para algunos visitantes, los filtros representan mayor confianza.

"Estaba la seguridad que es de aquí, revisan tus mochilas, todo eso; ahorita tienen lo que dice usted, los arcos", señala Carolina, turista de Sinaloa.

Hilario Pardo, visitante de Chihuahua, considera que la vigilancia puede parecer excesiva, pero no cuestiona la necesidad de seguridad.

"Es una zona completamente segura ahorita con la vigilancia que tienen en las puertas", afirma.

Para quienes trabajan alrededor del sitio, el cambio también ha tenido consecuencias.

Una comerciante que pidió mantener el anonimato asegura que sus ventas disminuyeron después de la instalación de los nuevos controles.

"Yo siento que sí bajó como un 80%", afirma. Según su testimonio, actualmente vende menos de una cuarta parte de lo que comercializaba anteriormente.

El testimonio es individual y no permite atribuir esa caída exclusivamente a los filtros de seguridad. Pero muestra que el cambio en los protocolos también modificó la dinámica económica de quienes trabajan en el entorno de la zona arqueológica.

El laberinto documental

La investigación tomó entonces otro camino: los documentos.

Meganoticias solicitó información sobre el origen, contratación y operación de los arcos detectores.

La primera respuesta provino de la Dirección de la Zona Arqueológica de Teotihuacán: no contaba con la información solicitada.

La petición fue canalizada a la Coordinación Nacional de Recursos Materiales del INAH.

La respuesta de esa área resulta central para esta investigación:

no había suscrito contrato o convenio relacionado con los arcos y tampoco había realizado ningún pago por esos equipos.

La ruta terminó en la Unidad de Transparencia del INAH. Mediante el oficio UE-506/2026, el expediente fue cerrado.

Pero en la documentación obtenida no apareció un contrato de compra. Tampoco un contrato de arrendamiento. Ni un convenio. Ni un documento que explicara cómo llegaron los equipos a la zona arqueológica.

Esto no permite afirmar, por sí mismo, que los arcos hayan sido adquiridos de manera irregular.

Lo que sí permite establecer la documentación consultada es algo más concreto:

las áreas del INAH consultadas no pudieron acreditar documentalmente ante Meganoticias una compra, renta o convenio relacionado con esos equipos.

¿Y los 30 millones de pesos?

La incógnita aumentó después de que en redes sociales comenzó a difundirse que los seis arcos representaban una inversión de 30 millones de pesos.

El INAH rechazó esa versión.

El instituto explicó que los 30 millones de pesos corresponden a un proyecto integral de mejoramiento de la zona, que contempla renovación de taquillas, infraestructura de acceso, servicios al visitante, señalética y trabajos museográficos, entre otros componentes.

Es decir: los 30 millones de pesos no corresponden exclusivamente a los seis arcos detectores.

Pero permanece una segunda pregunta.

Los documentos obtenidos mediante transparencia no desglosan cuánto costaron específicamente los arcos.

Por tanto, quedan abiertas dos interrogantes distintas:

¿Cuánto costaron los equipos?

Y, sobre todo:

¿Bajo qué figura jurídica llegaron a la zona arqueológica?

El INAH no concedió la entrevista

Meganoticias solicitó una entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para conocer su postura y saber bajo qué condiciones funcionan actualmente los filtros de seguridad.

Hasta el cierre de esta investigación, la entrevista no había sido concedida.

La Dirección de la Zona Arqueológica informó que no contaba con la información.

La Coordinación Nacional de Recursos Materiales señaló que no existe contrato o convenio relacionado con los equipos y que esa área no realizó ningún pago.

Ninguna de las áreas consultadas proporcionó un documento que permitiera establecer, con la información disponible, quién es propietario de los arcos, quién los proporcionó o mediante qué mecanismo administrativo fueron incorporados a la operación de la zona arqueológica.

Lo que sí se sabe

Hay hechos que pueden comprobarse.

El 20 de abril ocurrió el ataque.

Después se anunciaron nuevos protocolos de seguridad.

El INAH informó la instalación de arcos detectores.

Hoy existen seis puntos de revisión en Teotihuacán.

Y la investigación documental realizada por Meganoticias no encontró, entre las áreas del INAH consultadas, un contrato, convenio, factura o expediente que explicara la incorporación de esos equipos.

Lo que no puede afirmarse con la información disponible es quién pagó los arcos, cuánto costaron individualmente, quién es su propietario o mediante qué instrumento jurídico fueron entregados o puestos a disposición del sitio.

Esa diferencia importa.

Una cosa es que una infraestructura exista y funcione. Otra es que su origen, propiedad, costo y régimen de operación puedan acreditarse documentalmente.

Una respuesta visible, una explicación pendiente

La instalación de controles después de un ataque parece una respuesta lógica ante una vulnerabilidad que quedó expuesta.

Pero la investigación plantea un problema distinto:

la seguridad física de un sitio público también necesita una ruta administrativa verificable.

Quién contrata.

Quién paga.

Quién proporciona los equipos.

Quién responde por su mantenimiento.

Bajo qué convenio operan.

Cuánto cuestan.

Y qué dependencia tiene la responsabilidad sobre ellos.

Son preguntas básicas cuando se trata de infraestructura que forma parte de la operación de una institución pública.

En Teotihuacán, los seis arcos son visibles para cualquier visitante.

La trazabilidad documental de su llegada al sitio, en cambio, no lo es.

Y ahí está la contradicción que permanece meses después del ataque: la respuesta a la falla de seguridad puede verse desde la entrada, pero la explicación administrativa sobre cómo se materializó esa respuesta todavía no aparece en el expediente consultado.

Los arcos están ahí.

El expediente que explique cómo llegaron, no.