Gobierno federal investiga posibles sobornos en contratos de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), derivada de una denuncia presentada por autoridades de Estados Unidos que señala la posible existencia de sobornos

Esta revisión se centra en determinar la naturaleza y la temporalidad de los contratos implicados, así como en identificar a los funcionarios que pudieran haber estado involucrados.

Sheinbaum explicó que, para esclarecer el caso, se está investigando desde qué momento se firmaron los acuerdos, qué contratos se ejecutaron y cuándo finalizaron, además de confirmar si han existido auditorías previas relacionadas.

La mandataria recordó que, el pasado 15 de agosto en Chetumal, ya había declarado que los contratos mencionados no se realizaron plenamente, y que solo se trató de un intento de soborno. En ese momento, adelantó que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, informaría próximamente sobre los avances del caso, promesa que reiteró para la siguiente semana.

En paralelo, la presidenta informó que, tras el robo de 50 equipos fundamentales para la seguridad de las operaciones en la plataforma petrolera Akal-R, ubicada en Campeche el 18 de agosto, se han reforzado las medidas de vigilancia en las instalaciones de Pemex en el Golfo de México

Un grupo armado fue responsable del saqueo, lo que puso en alerta a las autoridades federales. Sheinbaum aclaró que no se trata de un incremento generalizado en los robos a plataformas, sino que se ha intensificado la vigilancia con la colaboración de la Secretaría de Marina para prevenir cualquier incidente futuro.

Las acciones incluyen patrullajes marítimos más frecuentes, la supervisión a través de drones y otros dispositivos tecnológicos que permiten monitorear y proteger estos sitios estratégicos.

Estas acciones buscan asegurar tanto la transparencia en los procesos contractuales dentro de Pemex, como la protección de sus operaciones y el personal que labora en plataformas petroleras, evitando afectaciones mayores que puedan comprometer la seguridad energética y económica del país.