Tres personas que fueron detenidas durante la marcha de la Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) fueron vinculadas a proceso este martes por el delito de robo y lesiones.
Llevarán su proceso en libertad. Como medida cautelar, el juez de control ordenó que cada uno de ellos acuda a firmar cada 15 días ante la unidad de supervisión ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Más detenidos tras marcha en el Zócalo
Seis personas más pidieron duplicidad de término para que determine su situación jurídica.
A lo largo de la tarde se definirá la situación jurídica del resto de los involucrados, a quienes la Fiscalía de la CDMX acusa de distintos delitos.
En cada audiencia, la representación social expone los datos de prueba recabados por la policía capitalina y la policía de investigación, con los cuales busca sostener las imputaciones, obtener la vinculación a proceso y, en su caso, la prisión preventiva.

¿De qué le acusan a los detenidos?
Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que se iniciaron carpetas de investigación por tentativa de homicidio, lesiones, robo, daño y resistencia de particulares, y 19 personas quedaron a disposición del Ministerio Público.
Además, se investigan agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como daños y robo en un establecimiento y un vehículo. Los hechos dejaron 29 personas detenidas.
El día de la marcha, policías de la CDMX fueron grabados agrediendo a una joven y a otros de los asistentes cuando se encontraban en la explanada del Zócalo.
De las 29 personas detenidas, 18 adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público; en algunos casos se les investiga por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en otros por lesiones en distintos grados. Además, un adolescente fue turnado de inmediato a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.
Las otras diez personas remitidas fueron canalizadas al Juzgado Cívico luego de que los dictámenes médicos practicados a los policías afectados determinaron que sus lesiones tardan menos de 15 días en sanar, por lo que no configuran un delito, sino faltas cívicas.