La violencia contra las mujeres continúa dejando víctimas en Sonora. Esta vez, el caso de Leila Monserrat, una joven originaria de Sonoyta, ha conmocionado por la crudeza de los hechos y, sobre todo, por la corta edad de las presuntas responsables.
La adolescente fue asfixiada presuntamente por dos menores de edad: una de 13 años y otra de 15. Según los primeros reportes, el motivo detrás del crimen estaría relacionado con un conflicto de tipo sentimental, lo que pone sobre la mesa no solo el grave problema de los feminicidios, sino también el preocupante aumento en la participación de menores de edad en delitos graves.
Este feminicidio se suma a una larga lista de casos que han encendido las alertas en la entidad, donde colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de acciones urgentes para prevenir y erradicar la violencia de género. Sin embargo, el caso de Leila revela otra arista igual de alarmante: la normalización de la violencia entre adolescentes y la facilidad con la que algunos menores acceden a cometer actos extremos.
Menores infractores: un problema creciente
La participación de adolescentes en delitos graves no es un fenómeno nuevo, pero sí creciente. Las causas son múltiples: desintegración familiar, falta de acceso a la educación, problemas de salud mental no atendidos, consumo de drogas, exposición constante a contenidos violentos y, en muchos casos, la ausencia de orientación emocional y afectiva.
La legislación mexicana contempla un sistema especial de justicia para adolescentes, bajo el principio de reinserción social y no de castigo. Sin embargo, cuando se trata de delitos de alto impacto, como homicidios o feminicidios, la sociedad exige una revisión a fondo del marco legal. Casos como el de Leila Monserrat plantean una difícil disyuntiva: ¿cómo equilibrar la protección de los derechos de los menores infractores con la necesidad de justicia para las víctimas y sus familias?
El feminicidio de Leila Monserrat es una tragedia en varios niveles. No solo arrebata una vida joven, sino que expone la urgencia de atender integralmente el fenómeno delictivo entre adolescentes. Las autoridades, instituciones educativas, familias y sociedad en general deben trabajar en conjunto para construir entornos que prevengan la violencia desde edades tempranas, detecten señales de alerta y ofrezcan alternativas reales a los menores en situación de riesgo.
Mientras tanto, la justicia debe actuar con perspectiva de género y de infancia, pero sin perder de vista que detrás de cada delito hay una víctima que merece verdad, justicia y reparación.