Al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México desde 2016 hasta la fecha, según advirtió un grupo de organizaciones civiles este 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente.
De los casos documentados, 77 eran hombres y 7 eran mujeres; 44 pertenecían a pueblos indígenas y una persona era afromexicana, informó el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC).
Las cifras son alarmantes, pero no son el único indicador del riesgo que enfrentan quienes protegen la tierra y los recursos naturales. La organización también documentó otras agresiones como hostigamiento judicial, amenazas, desplazamiento forzado, vigilancia e incluso desapariciones. En regiones del país donde se desarrollan megaproyectos o donde el crimen organizado controla el territorio, defender el medio ambiente puede costar la vida.
Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre en comunidades indígenas que se oponen a proyectos mineros o hidroeléctricos impuestos sin su consentimiento. Algunas de estas personas han sido perseguidas o criminalizadas por autoridades locales, a pesar de que su labor está protegida por tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, ratificado por México en 2020.
El documento también señala que los grupos delictivos han ampliado sus actividades hacia la tala ilegal, el tráfico de especies y el despojo de tierras. Estas acciones no solo agravan la crisis ambiental, también convierten a las personas defensoras en un blanco del crimen organizado. "El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental", alertó el Espacio OSC.
Aunque existen leyes para proteger a quienes defienden los derechos humanos y ambientales (como el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012), su implementación ha sido deficiente. Las organizaciones exigieron una aplicación efectiva de este mecanismo, así como la formación de jueces y juezas con conocimientos especializados y libres de presiones políticas o económicas.
La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) también fue motivo de preocupación. Las ONG señalaron que esta decisión genera un vacío institucional grave, ya que el acceso a la información ambiental es clave para que las comunidades puedan defender sus territorios con base en datos públicos y verificables.
El Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, establecido en 2020, es un recordatorio de que en México todavía es peligroso proteger la naturaleza. Para las organizaciones civiles, esta fecha no solo debe servir para conmemorar, sino para exigir justicia y garantizar que ninguna persona más pierda la vida por cuidar los recursos de todas y todos.