El nuevo rostro del Poder Judicial

"No nos corresponde al tribunal tirar el trabajo y la decisión no solo ciudadana sino también de los órganos legislativos del poder legislativo de la nación. El tribunal no tiene una varita mágica para tirar con una sentencia que no tiene pruebas válidas o dos el estado de derecho que hoy impera en México".

Así justificó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la validez de la elección de quienes integrarán el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en funciones a partir del 1 de septiembre, luego de las críticas por el uso de recursos ilegales durante el proceso electoral extraordinario de junio de 2025.

De esta forma se concretó la reforma impulsada desde el Ejecutivo y que dirigirá el destino de millones de personas que actualmente enfrentan un proceso ante un juzgado, un tribunal o la misma suprema corte, en medio de cuestionamientos por falta de experiencia.

"Tenemos que adecuarnos a los nuevos jueces, aquí el problema es que los nuevos jueces que van a llegar no tienen conocimientos; yo no digo que no sepan derecho, pero para ser un juez, no sólo tienen que saber la ley, saber el derecho, sino criterio, dijo Javier Coello Trejo, abogado y ex procurador General de la República.

En tanto, Laurence Pantin, directora general de la organización "Juicio Justo", destacó que con este nuevo poder judicial "no hay nada que permita realmente pensar que vaya a haber un mayor acceso a la justicia, una justicia más expedita y pronta, que son precisamente algunos de los derechos de las personas que enfrentan un juicio, que tendrían que tener".

La elección de personas juzgadoras terminó con un presupuesto acotado de siete mil millones de pesos, por que el Congreso de la Unión recortó en poco más de 50 por ciento el proyecto original presentado en septiembre de 2024 por el Instituto Nacional Electoral.

Pero tuvo un impacto mayor, porque el INE destinó recursos para enfrentar 823 amparos que buscaban suspender este proceso por diversas causas, incluyendo que había aspirantes a un cargo que no cumplían los requisitos de ley, o de oscuro pasado como Silvia Delgado, quien fuera abogada de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.

También se desechó el amparo por el uso de acordeones para inducir el voto a favor de candidaturas afines al partido en el poder, pues no fueron considerados como motivo suficientes para anular la elección.

Asuntos y temas pendientes

El nuevo poder judicial iniciará sus funciones con al menos 47 mil expedientes sin resolver en tribunales locales y federales, de acuerdo con el último corte a diciembre de 2024 en los informes de gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales superiores de los estados.

Con este cúmulo de pendientes llegarán personas juzgadoras sin experiencia, lo que representa una amenaza al derecho de acceso a la justicia y en general a las garantías individuales.

Laurence Pantin, directora general de "Juicio Justo", dijo que "habrá que ver de qué manera resuelven las nuevas personas juzgadoras, que es algo que tendremos que ver en la práctica, pero de hecho uno de los problemas es que por ejemplo, en la selección de personas juzgadoras, no hubo ningún enfoque en derechos humanos"

De acuerdo con especialistas, esta inexperiencia de algunas personas que resultaron electas el pasado 1 de junio, afectará en todas las ramas del derecho.

Oscar De la Vega, socio y director del despacho De la Vega y Martínez Rojas, dijo que "no puede ser que cualquier abogado, por mejor promedio que haya tenido en la universidad, de pronto enfrente una mediación muy importante del sector minero o del sector automotriz o del sector auto partero y sin ninguna capacitación y sin ninguna capacitación previa, esté mediando un conflicto".

La reforma al Poder Judicial sólo fue una reforma a su estructura, no al sistema de justicia que debió iniciar con una transformación de fondo a las fiscalías.

"Si el ministerio público no está legítimamente bien preparado, no entiende, no se pone la camiseta, obviamente lo que va a mandarle a los jueces va mal", dijo Javier Coello Trejo, ex procurador General de la República.

La reforma tampoco consideró fortalecer la defensoría pública, institución que busca que las personas de escasos recursos puedan tener un representante legal pagado por el estado.

Estas deficiencias impactarán en el futuro de la próxima reforma electoral, con la cual también se buscará que los tribunales en esta materia sean electos por voto popular, lo que representaría una amenaza a la democracia y a la organización de elecciones.

Georgina De la Fuente, analista y socia de la consultora "Strategia Electoral", destacó "el hecho de que no se esté discutiendo que esta reforma electoral atienda todos esos vacíos normativos que fueron evidentes en la reforma judicial y que nos dieron estos resultados tan lamentables de tan baja participación, tan dudosa legitimidad de quienes van a llegar a asumir los nuevos cargos, me parece lamentable".