La diputada María Alicia Gaytán Sánchez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Código de Familia del estado de Sonora, con el objetivo de fortalecer la aplicación y supervisión de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia.
La propuesta busca establecer mecanismos que permitan verificar que las medidas de protección se ejecuten de manera oportuna y efectiva, mediante el registro de las acciones realizadas por las autoridades, los tiempos de respuesta y los resultados de cada intervención.
La iniciativa fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado para su análisis y estudio.

PROPONEN REGISTRAR TIEMPOS DE RESPUESTA POLICIAL
Entre los principales cambios planteados se encuentra la obligación de registrar el tiempo transcurrido desde que las autoridades reciben una solicitud de auxilio hasta la llegada de los elementos policiales al lugar de los hechos.
En caso de que la atención supere los tiempos establecidos en los protocolos correspondientes, las instituciones deberán documentar las causas de la demora, con la finalidad de evaluar su actuación, identificar áreas de oportunidad y mejorar los procedimientos de respuesta.
La diputada explicó que estas medidas permitirían contar con información precisa sobre el cumplimiento de las órdenes de protección, así como identificar posibles omisiones injustificadas y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación vigente.
No obstante, aclaró que las demoras no implicarían automáticamente una falta por parte de los servidores públicos, ya que sería necesario analizar las circunstancias de cada caso.
La iniciativa también contempla establecer mecanismos de seguimiento durante todo el periodo de vigencia de las medidas de protección, especialmente en situaciones donde las víctimas enfrenten un mayor nivel de riesgo.
Con ello, se pretende detectar posibles incumplimientos, nuevas agresiones o situaciones que requieran reforzar las acciones de seguridad, ampliar las medidas existentes o implementar otras disposiciones para salvaguardar la integridad de las mujeres.

PLANTEAN CAPACITACIÓN Y MEJORAS EN LOS PROTOCOLOS
Asimismo, se plantea fortalecer la coordinación entre las autoridades judiciales y las instituciones responsables de ejecutar las órdenes de protección, de manera que las medidas sean comunicadas de inmediato y las dependencias informen sobre las acciones realizadas.
Cuando no sea posible cumplirlas oportunamente, las autoridades deberán explicar las causas y dejar constancia de las actuaciones correspondientes.
Como parte de la reforma, se proponen adecuaciones a los sistemas de información, protocolos y procedimientos institucionales, además de capacitación para el personal encargado de atender a las víctimas y supervisar el cumplimiento de las medidas de protección.
De acuerdo con Gaytán Sánchez, estas modificaciones permitirían mejorar la evaluación de las intervenciones, fortalecer la rendición de cuentas y contar con información útil para identificar deficiencias en la atención.
La legisladora morenista enfatizó que las órdenes de protección deben traducirse en acciones concretas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, y no limitarse a una disposición administrativa.
La iniciativa continuará su proceso legislativo en la Comisión para la Igualdad de Género, donde será analizada antes de avanzar a las siguientes etapas de discusión y, en su caso, aprobación por parte del Congreso del Estado.