Aumentó deuda estatal 6 por ciento cada año este sexenio
Al final de sexenio, el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano dejará una deuda estatal de poco más de 23 mil millones, cifra que representa un incremento del 6 por ciento anual, durante los seis años de su administración, comparado con los 17 mil 124 millones que sumaba la deuda en 2015.
Marco Antonio Córdova, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, dijo que los 23 mil 75 millones de pesos corresponden a deuda de pago a largo plazo, es decir, hasta 20 años, mientras que un monto adicional de mil 800 millones de pesos contratados a corto plazo deberán quedar liquidados a más tardar en junio próximo.
"En los últimos tres sexenios ha sido un comportamiento hacia arriba, si vemos el sexenio de Eduardo Bours, la deuda que él tomó al inicio del sexenio era de 4 mil 400 millones de pesos y cerró en 4 mil 200, se disminuyó, hubo un manejo muy eficiente en relación a la deuda porque disminuyó en todo su sexenio".
Por el contrario, el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, entre 2009 y 2012 aumentó la deuda del 53 por ciento cada año. al inicio de su sexenio recibió un compromiso crediticio por el orden de los 4 mil 70 millones de pesos y al finalizar su gestión la deuda ascendió a 17 mil 124 millones de pesos.
"Hubo un incremento muy elevado de la deuda, aquí se podría explicar de alguna forma por algunas obras que hubo en dicho sexenio, por ejemplo la obra del acueducto que requirió financiamiento por parte del gobierno, también se construyó el estadio Sonora, entonces tal vez ahí hay algunas obras".
El sexenio de Claudia Pavlovich pasó de 17 mil 124 millones de pesos a 23 mil 74 millones de pesos, es decir, una tasa de crecimiento anual del 6 por ciento. Si bien, este sexenio creció la deuda, comentó que se ha cuidado que el incremento no esté por encima del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Respecto a la opacidad que manejan los sexenios para mostrar el comportamiento de la deuda en sus administraciones, comentó que actualmente existen mecanismos para obligarlos a transparentar los créditos contratados como calificadoras que se dedican a evaluar el cumplimiento de pago y sus finanzas públicas.