Continúan en Sonora casos de impunidad que trascienden de sexenio en sexenio
La impartición de justicia en Sonora ha sido el tema que abanderan las nuevas administraciones al llegar a los cargos de elección popular, desde el periodo de campañas. Los más controversiales en el estado durante la última década han sido, la contaminación del Río Sonora, el incendio de la Guardería ABC y el caso Gisela Peraza Villa.
Francisco Javier Mejía Cisneros, abogado penalista y académico de la Universidad de Sonora, dijo que tales asuntos faltos de justicia, se han politizado con el paso de los años y las autoridades no han logrado reunir las pruebas suficientes para dictar sentencias definitivas.
"Son casos muy complejos, muy difíciles, estoy seguro que aun con voluntad política, pues están complicadísimos, o sea la fiscalía no puede, sin elementos, ejercitar la acción penal y entonces el problema es que no hay, no se observa que haya elementos".
En noviembre de 2020 se dio a conocer la detención en Tampico del empresario y panista Sergio Salazar y Carla Rochín Nieto, Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) y Directora de Guarderías del IMSS en 2009, quienes permanecen detenidos en Hermosillo a la espera sentencia por parte de un juez federal.
Gabriel Alvarado Serrano, abogado de la agrupación Manos Unidad por Nuestros Hijos, informó que ambos fueron son presuntos responsables de haber otorgado los permisos de operación a los dueños de la Guardería ABC, sin contar con las medidas de seguridad suficientes para el resguardo de los menores.
"En términos generales se puede decir que las investigaciones manejan un nivel de secrecía en el que nada más las partes saben los hechos y desde afuera así como yo, supongo yo que la fiscalía ahí tiene ese compromiso".
En el caso de Gisela Peraza Villa, a finales de 2019 se envió un escrito dirigido a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano departe de Gisela y su abogado Juan Antonio Ortega, para reclamar la actuación de la Fiscalía General de Justicia por no cumplimentar todas las órdenes de aprehensión por el caso de tortura contra la ex empleada doméstica del ex gobernador Guillermo Padrés, sin que hasta el momento haya avance.
En noviembre pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reveló que a seis años del derrame, a la fecha existe contaminación masiva en el 98 por ciento de los pozos del Río Sonora, lo que pone en riesgo la salud de la población que confiaba en que la contaminación había sido resarcida.