Disminución de recursos a la Fiscalía Anticorrupción perjudica las investigaciones

La reducción al presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora para 2026 ocurre en un contexto en donde la entidad se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a percepción ciudadana sobre corrupción, coincidieron expertos.

El 79.3 % de la población sonorense considera que la corrupción ocurre con frecuencia. Además, Sonora ocupó el segundo lugar nacional en percepción de corrupción en trámites y servicios gubernamentales durante 2023, un indicador que refleja la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y la normalización de prácticas ilegales en la administración pública, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCPS), Marco Antonio Paz Pellat, consideró que la situación se agrava con el recorte del 4.4% en el presupuesto para 2026 a la Fiscalía Anticorrupción, mientras que en 2025 también disminuyó 13%. Esto sigue limitando la investigación y sanción en un entorno donde la impunidad sigue creciendo.

 "El mayor motor que hace que la corrupción crezca es la impunidad. Mientras no haya castigo, la probabilidad de que se siga delinquiendo es muy alta. Y frente a estos datos, lejos de fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción, se le reduce el presupuesto", comentó.

Indicó que la entidad registra apenas 23.3 investigaciones administrativas por cada mil servidores públicos, muy por debajo del promedio nacional de 34.6.

El foco rojo más grave en cuanto a corrupción, subrayó el presidente del CCSP, se encuentra en las corporaciones de seguridad pública, particularmente en las policías de tránsito, pues el 45.2 % de las personas que tuvieron contacto con estas autoridades reportaron haber sido víctimas de corrupción. 

Por su parte, Héctor Rodríguez Espinoza, académico en la carrera de Derecho de la Universidad de Sonora, dijo que la corrupción en la entidad se ha arraigado en las instituciones públicas como resultado de la impunidad y la falta de castigos efectivos. 

"En Sonora hay un bajo índice de persecución de delitos y un nivel muy bajo de castigos, lo que genera una cifra negra elevada y una percepción constante de corrupción. Mientras no haya sanciones reales ni integridad en los órganos encargados de prevenirla, la corrupción seguirá instalada en las instituciones del Estado", puntualizó.

Destacó que las instituciones más cuestionadas en Sonora son Seguridad Pública, así como los sectores de salud y educación, donde la corrupción impacta directamente derechos fundamentales como la vida, la atención médica y el acceso a servicios básicos.