El gobernador de Sonora aclaró que las investigaciones relacionadas con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) no se trata de una persecución política, sino a un proceso legal iniciado tras una demanda del Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de detectar que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue descontado a trabajadores sin ser entregado a la autoridad fiscal.
Alfonso Durazo Montaño explicó que el Gobierno del Estado tuvo conocimiento de las irregularidades únicamente cuando el SAT presentó la demanda, lo que derivó en la revisión de los movimientos financieros realizados en la SEC durante la administración de Claudia Pavlovich Arellano.
Detalló que los recursos retenidos fueron canalizados a otras instancias lo que provocó la acción del SAT ante la Secretaría de Educación en Sonora.
"Se les descontaron a los trabajadores impuestos sobre la renta, que se fueron a un fideicomiso y de un fideicomiso a empresas particulares, es decir, no se le entregó al SAT el ISR descontado", explicó.
Durazo aclaró la situación debido a los señalamientos de la presidenta del PRI en Sonora, Guadalupe Soto, quien afirmó que existe una supuesta persecución política contra exfuncionarios del gobierno de Pavlovich Arellano.
Enfatizó que cada una de las personas involucradas deberá responder ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde tendrán la oportunidad de presentar los elementos que consideren pertinentes para su defensa, garantizando el debido proceso de legalidad.
El gobernador reiteró que su administración actuará conforme a la ley y sin proteger a nadie, subrayando que el combate a la corrupción se mantiene como una prioridad en su gobierno.