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07 de Diciembre del 2024
Seguridad

Proponen hasta 17 años de prisión por robos en escuelas

Proponen hasta 17 años de prisión por robos en escuelas

El diputado local Raúl González de la Vega propuso incrementar las sanciones por robos en escuelas públicas de Sonora, estableciendo condenas que oscilarían entre los 7 y los 17 años de prisión.

Durante la presentación de la iniciativa en el Congreso de Sonora, González de la Vega destacó que los robos no solo afectan los bienes materiales, sino que también ocasionan daños considerables en la infraestructura escolar.

La propuesta incluye también castigos para quienes realicen alteraciones o destrozos en los muebles o inmuebles de los planteles, contemplando penas de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 60 jornadas de trabajo comunitario.

"Se sancionará con prisión de siete a diecisiete años a quien sustraiga bienes destinados a los planteles educativos e instituciones de educación básica, media superior y superior, tales como infraestructura hidráulica y eléctrica, equipos de cómputo, aires acondicionados y sistemas de vigilancia", detalla el texto de la propuesta.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Educación y Cultura, así como a la de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.

En lo que va del 2024, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora ha registrado 533 robos en planteles públicos de todos los niveles educativos, siendo Hermosillo, Cajeme y Guaymas las localidades más afectadas.

Entre los bienes más robados en las escuelas se encuentran cableado eléctrico, equipos de cómputo, tuberías y otros componentes de instalaciones básicas, tanto en salones como en oficinas administrativas.

Para reparar los daños y reponer lo robado, la SEC ha destinado un total de 55 millones de pesos, informó recientemente el secretario Froylán Gámez.

Actualmente, el Código Penal del Estado de Sonora establece penas de 3 a 6 años de prisión para quienes cometen robos en escuelas. La propuesta del legislador busca aumentar la sanción mínima a 7 años, con el objetivo de disuadir estos delitos y proteger la infraestructura educativa. 





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