El 41.4% de quienes desempeñan estas ocupaciones no asiste a la escuela; la entidad ocupa el octavo lugar nacional en este indicador
Un total de 27 mil 449 adolescentes de entre 15 y 17 años realizaron alguna ocupación peligrosa en Sonora, de los cuales 11 mil 355 no asisten a la escuela, lo que representa el 41.4% de quienes se encuentran en esta condición, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según el Inegi la cantidad de jóvenes menores de 18 años que desempeñan este tipo de actividades equivale al 20.2% de la población de ese grupo de edad en la entidad, cifra superior al promedio nacional de 14.8%, por lo que Sonora se ubica en el octavo lugar entre los estados con mayor porcentaje de ocupación peligrosa.
Los datos fueron proporcionados luego de un análisis realizado por Fundación Nueva Generación Sonora, el cual advierte sobre las condiciones laborales que enfrentan miles de menores y las consecuencias que pueden tener en su salud, seguridad y continuidad educativa.
Más de 71 mil menores en trabajo infantil
La encuesta también revela que 71 mil 424 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil en Sonora, lo que refleja la dimensión de esta problemática en la entidad.
A esta cifra se suman 40 mil 640 menores que realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, actividades prolongadas o riesgosas que pueden afectar su bienestar y desarrollo. La fundación precisó que estas situaciones deben distinguirse de las responsabilidades habituales dentro del hogar.
En cuanto a indicador de trabajo infantil, Sonora registra un 11.9%, por debajo del promedio nacional de 12.6%. Sin embargo, se muestra un incremento en los últimos años, al pasar de 10.6% en 2022 a 11.9% en 2025.
Esto representa un aumento de 1.3 puntos porcentuales en el periodo, de acuerdo con los resultados de la encuesta.
Ante este panorama, Fundación Nueva Generación Sonora llamó a las autoridades, empresas, instituciones educativas y sociedad civil a fortalecer las medidas de prevención, detectar las actividades laborales peligrosas y generar condiciones que permitan a los menores continuar con sus estudios.
También planteó la necesidad de acompañar a las familias y reforzar los apoyos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, particularmente en los casos donde las actividades laborales representan un riesgo para su integridad o limitan sus oportunidades educativas.