La última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigida al gobierno de Sonora para cumplir con el proceso de renovación de los tres comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (Istai), cuyo plazo venció en diciembre de 2018, no fue clara ni tajante, comentó Víctor Peña Mancillas.
El investigador del Colegio de Sonora dijo que los órganos involucrados, en este caso el Istai, el gobierno estatal y el Congreso local, le dieron la interpretación que quisieron al fallo de la Corte, por lo que, los procesos inmersos en la Ley Estatal de Transparencia, continúan sin cumplirse.
"Por lo que entiendo, la resolución de la Corte no fue digamos así para decir, esta instancia debe hacer esto, no fue así, entonces justo eso, entiendo yo es el problema, de que no hay una respuesta rápida y unidireccional".
El Gobierno del Estado tenía hasta diciembre de 2018 la responsabilidad de emitir una convocatoria para nombrar a tres comisionados nuevos en el Istai, sin embargo, el plazo venció y no ejecutó dicho trámite.
"Me queda claro que el proceso no es lineal porque por una parte tiene que ver con una norma que es diferente al resto de la República, que es la norma local de transparencia en este aspecto en particular, una resolución de la Suprema Corte que por lo que he percibido, es interpretada de diferentes maneras".
En mayo de 2019 la Suprema Corte declaró inconstitucional la acción de evadir el proceso de renovación por parte del gobierno del estado. En respuesta, el gobierno del estado señaló que no habían sido notificados de la resolución y hasta entonces se iniciaría con el trámite de convocatoria para relevar a los consejeros Martha Arely López Navarro, Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero.