Seis denuncias por actos de corrupción ha presentado Iniciativa Sinaloa

Son seis denuncias las que se han presentado en los últimos dos años en Sonora ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción evidenciados en los reportajes periodísticos del programa Hub de Periodismo de la Frontera Norte, indicó Marlene León.

La directora de Iniciativa Sinaloa dijo que las denuncias presentadas son, en su mayoría, por desvío de recursos detectados durante la administración estatal de 2015-2021 de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y otras por cohecho y peculado; cinco de ellas se encuentran en etapa de investigación.

"Solo una de estas ha recibido resolución favorable, mediante la cual fue inhabilitada la ex funcionaria Marcela Fimbres Ibarra, por dar contratos a sus allegados cuando ella estaba al frente de la institución del CAICE, el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, entidad creada para atender a víctimas de la Guardería ABC".

Comentó que estos actos de corrupción reflejan un daño al erario público por más de mil 552 millones de pesos. La primera denuncia se presentó el 17 de marzo de 2020, por el caso de Luis René Ibarra, primo del esposo de la ex gobernadora de Sonora, a cuya empresa se le asignaron más de 100 millones de pesos en contratos por servicios de vigilancia privada asignados por el sistema Dif.

La segunda denuncia se interpuso el 3 de agosto de 2020 por el desvío de mil millones de pesos del Fondo Minero, monto que no estaba utilizándose para los pueblos mineros. La tercera demanda fue por el pago de recursos a empresas fantasmas por servicios en ayuntamientos municipales, monto que asciende a los 140 millones.

El 18 de agosto de 2021, Iniciativa Sinaloa denunció abuso de funciones, desvío de recursos públicos y encubrimiento, por la creación de la Cinetéca en la que se invirtieron más de 80 millones de pesos con retrasos y anomalías en los contratos de construcción que tardó más de 9 años en concluir.

La más reciente denuncia es la del desvío de 221 millones de pesos a través de empresas factureras por parte del gobierno del estado.

La agrupación civil que trabaja por el combate a la corrupción, hizo el llamado a las autoridades a que pongan interés en dichas investigaciones, ya que, a excepción de una, no han tenido el avance esperado en la impartición de justicia.