Expertos instan al Gobierno de Sonora a garantizar espacios escolares, empleo, hospitales equipados y vivienda ante una posible deportación masiva de indocumentados tras la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero.
Gloria Ciria Valdez Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora, criticó la falta de detalles de la administración estatal sobre estrategias para apoyar a connacionales repatriados y habilitar albergues para migrantes expulsados.
"Primero, esas personas necesitan certeza jurídica, es decir, inmediatamente tener su INE y su CURP, porque esas son las maneras para identificarlos aquí en nuestro país. También, transversalmente, un programa laboral, un programa salud, un programa de vivienda y por supuesto que ningún niño, niña o adolescente, procedente de Estados Unidos, vivió o creció allá, también mexicano, por ser hijo de padres mexicanos, quede sin ir a la escuela", dijo.
La investigadora destacó la necesidad de crear una mesa de trabajo interinstitucional para diseñar estrategias que aseguren los servicios para los indocumentados que podrían ser deportados de Estados Unidos.
El sacerdote José Gilberto Lezama Rodríguez, quien lleva casi 16 años ofreciendo apoyo humanitario a migrantes, comentó que los gobiernos tendrán una doble responsabilidad: atender a los indocumentados deportados de Estados Unidos y, además, al flujo de migrantes que continúen llegando al país con la intención de cruzar la frontera norte.
"Para un punto masivo, sería la recomendación de que podamos trabajar juntos, poder sumar esfuerzo, como lo hemos hecho de una manera cotidiana, cuando se dan esos momentos extraordinarios, y sobre todo significativos. En el caso de los venezolanos, africanos, porque, hay que ver no solo son los que vienen de sur a norte, sino lo que se esperan de norte a sur. Entonces, vamos a tener una doble realidad, un doble trabajo o un doble esfuerzo", puntualizó
El gobernador Alfonso Durazo encabezó recientemente una reunión en el consulado de México en Phoenix con autoridades estatales y consulares para continuar con las estrategias de atención a migrantes, centradas en salud, seguridad y asistencia humanitaria.
Se acordó seguir trabajando de manera coordinada con autoridades federales y el gobierno de Arizona para garantizar un trato digno.