El desafío de Carlos Manzo a la presidenta antes de ser asesinado

El sábado 1 de noviembre, a las 20:10 horas, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado con arma de fuego

Fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, pero falleció a las 20:50. Su muerte reavivó un debate ya latente en varias regiones del país: la tensión entre quienes piden respuestas policiales inmediatas y letales frente al crimen organizado, y quienes defienden la vía del Estado de derecho, la investigación y la judicialización.

Manzo era una figura pública conocida por su postura de "mano firme" contra los grupos delictivos. En redes y en discursos se mostraba a favor de usar la fuerza letal en casos extremos: "si la persona abre fuego contra la población civil, pues lo vamos a abatir", dijo en conferencias públicas.

Al mismo tiempo, puntualizaba que, si un agresor se rinde o es herido sin intentarse matarlo, debía ponerse a disposición del Ministerio Público. Su discurso oscilaba entre la amenaza de castigo inmediato y la llamada a la legalidad, una mezcla que lo llevó a ganar seguidores y apodos -como el rechazado "El Bukelele Mexicano"- y a enfrentarse con el gobierno federal por la forma de lidiar con la violencia.

Si Carcél tenía que pagar, lo haría; pues, de acuerdo con lo que señalaba, "ya vendrá otro gobierno que entienda el sentir de la ciudadanía", decía Carlos Manzo.

Un desafío público: "si ella lo hace, renuncio"

Semanas antes de su muerte, Manzo lanzó un desafío directo a la presidenta Claudia Sheinbaum: aseguró que renunciaría si el gobierno federal, sin disparos y a través de estrategias no letales, conseguía reducir la delincuencia en Uruapan.

Ofreció una prueba de contraste: pidió que, si la mandataria podía "detener a los delincuentes sin un disparo", él presentaría su separación del cargo.

En la misma intervención hizo un llamado explícito a la intervención federal: mencionó al secretario Harfuch y la Fiscalía General de la República como instancias capaces de "limpiar los cerros" y atacar a los grupos armados, y dijo que si el Estado tenía la inteligencia y los recursos, debía actuar.

Ese reclamo puede entenderse de dos formas. Por un lado, muestra el cansancio de un funcionario local que se sabía rebasado y pedía ayuda ante una violencia que no podía contener solo.

Pero, al mismo tiempo, refleja la postura de quienes creen que, cuando la vida de la gente está en riesgo, las autoridades deben responder con fuerza, incluso de manera letal si no hay otra opción.

Carlos Manzo sostenía que, ante ataques directos contra civiles o policías, la prioridad debía ser proteger a la población, aunque eso implicara tomar decisiones extremas

La respuesta presidencial: "no regresaremos a la guerra contra el narco"

Semanas antes de su asesinato, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, había causado polémica al pedir a la policía municipal "abatir a los delincuentes sin ninguna consideración".

En aquel momento, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde su conferencia matutina que esa postura era incorrecta: "Es un Estado de derecho", subrayó. Recordó que en México existe un sistema penal acusatorio y que ante cualquier delito debe haber una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas frente a un juez.

Entonces reiteró que su gobierno no cree en ejecuciones extrajudiciales ni en regresar a la guerra contra el narco, una estrategia que -dijo- dejó un costo muy alto al país. En su lugar, defendió una política basada en inteligencia, investigación y coordinación, que según cifras oficiales habría permitido una reducción de 25.8% en los homicidios dolosos, es decir, 22 muertes menos por día.

Tras el asesinato de Manzo, Sheinbaum retomó ese mismo mensaje: insistió en que su gobierno no volverá a la "mano dura", que defiende la justicia "en todos los sentidos" y que la ruta seguirá siendo la investigación y la detención dentro del marco de la ley

Lo que dijo Manzo antes de morir: pedir ayuda y no quedarse solo en consignas

En sus intervenciones públicas, Manzo no sólo defendió la posibilidad de emplear fuerza letal en casos extremos; también pidió apoyo explícito al Estado: recursos, inteligencia y despliegue federal.

Citó el artículo 115 de la Constitución para recordar que la seguridad municipal está orientada a la prevención, y por eso urgió a que el gobierno federal asumiera la responsabilidad operativa contra la delincuencia organizada.

Su reto a la presidenta -"si usted lo logra, yo me separo del cargo"- no fue solo una frase desafiante: también fue un grito de auxilio disfrazado de confrontación, una manera de decir que la situación lo había rebasado y que ya no podía más solo.

Esa contradicción -exigir mano dura y al mismo tiempo suplicar colaboración federal- quedó como parte del legado político de Manzo al momento de su muerte.

Fue la voz de un alcalde que destacó por su discurso en redes, pero también por su insistencia en que los niveles superiores de gobierno tomaran acciones prácticas y coordinadas

¿Seguridad o venganza? El dilema que queda abierto

La muerte de Carlos Manzo obliga a mirar con más atención dos preguntas urgentes: ¿cómo proteger a las comunidades sin abrir la puerta a abusos o ejecuciones extrajudiciales? y, al mismo tiempo, ¿qué mecanismos reales ofrece el Estado para dar respuesta efectiva en zonas donde el crimen organizado actúa con impunidad?

La tensión entre la demanda ciudadana de seguridad inmediata y la necesidad de respeto a los procedimientos legales no es nueva, pero la tragedia de Uruapan coloca el debate en términos concretos: un alcalde que pidió ayuda y prometió renunciar si la recibía, y que terminó muerto antes de que esa promesa pudiera comprobarse