En redes sociales circula un video en el que una persona no identificada se acerca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y realiza presuntos tocamientos mientras ella convivía con ciudadanos
En las imágenes se observa a Sheinbaum sonriente, abrazando a una mujer entre una multitud. Al separarse, un hombre se aproxima y pasa su brazo por encima de sus hombros. Enseguida, se le ve acercarse con la intención de supuestamente besarla en el cuello.
Mientras esto ocurría, la presidenta continuaba atendiendo a las personas frente a ella, sin percatarse del incidente. No fue sino hasta que el sujeto levantó la mano e intentó tocarle el pecho cuando uno de los asistentes intervino para alejarlo. En ese momento, Sheinbaum volteó y, sonriente, le dijo: "No te preocupes", entre el bullicio del público.
Hasta el momento de la publicación, no se han reportado detalles sobre un posible arresto ni sobre consecuencias legales inmediatas
Cómo tipifica la ley estos hechos
En la CDMX, el Código Penal contempla:
Acoso sexual: Conductas sexuales no deseadas que afecten la dignidad o causen daño emocional. La pena es de 1 a 3 años de prisión, que puede aumentar si hay relación jerárquica o si el agresor es servidor público (incluyendo destitución e inhabilitación).
Tocamientos indebidos o abuso sexual: Incluye actos sexuales no consentidos sin cópula, como tocamientos con fines lascivos. La pena es de 1 a 6 años de prisión, que puede aumentar si hay violencia, incapacidad de la víctima para resistir o si hay agravantes como múltiples agresores o lugares públicos. A nivel federal, la pena va de 6 a 10 años.
Estos delitos normalmente se persiguen por querella de la víctima, aunque si hay violencia, menores o personas vulnerables, se persiguen de oficio.

Las sanciones pueden incluir también multas, inscripción en el Registro de Agresores Sexuales y reparación del daño
Caso de funcionarios públicos
Aunque la víctima sea un funcionario, como la presidenta, la ley no establece agravantes automáticos.
Sin embargo, por razones de seguridad, podrían intervenir autoridades federales como la Guardia Nacional, y aplicarse cargos relacionados con la integridad de un funcionario público.

La Fiscalía General de Justicia de CDMX o la Fiscalía General de la República podrían dar seguimiento con prioridad al caso